Las Cortes piden que se faciliten medidas financieras y fiscales a adjudicatarios para la compra de VPO

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad este jueves una moción que pide, entre otras cosas, que el Gobierno aragonés proponga medidas financieras o fiscales que contribuyan a facilitar el acceso a la vivienda de los aragoneses con rentas más bajas, adjudicatarios de una vivienda de protección oficial (VPO) en la modalidad de compra.

Además, solicita que el Ejecutivo autonómico negocie con el Ministerio de Vivienda para que puedan completarse o agotarse con cargo al presente ejercicio de 2010 las actuaciones en las líneas de ayudas a la vivienda que está previsto suprimir a partir del ejercicio 2011.

También se reclama que se complemente con cargo a fondos propios del Gobierno de Aragón, y para las rentas más bajas, el acceso a la vivienda en el nuevo contexto de menos nueva construcción y más acceso al alquiler y rehabilitación, dotando en los presupuestos las correspondientes partidas presupuestarias como en ejercicios anteriores.

La moción ha sido presentada por Izquierda Unida (IU) y transaccionada a partir de una enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR).

El texto incluía otros dos puntos sólo votados a favor por IU y rechazados por el resto de grupos. Uno de ellos pedía un decreto de medidas urgentes para evitar que fueran desalojados de su vivienda habitual por embargo o desahucio quienes hubieran agotado la prestación por desempleo, no tuvieran ingresos superiores a los 25.000 euros anuales, ni otro inmueble de propiedad.

También ha sido rechazada la petición de suspender las licitaciones del Departamento de Obras Públicas y de Suelo y Vivienda de Aragón en iglesias y bienes religiosos y que no se planificara ninguna intervención en edificios patrimonio de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa.

EVITAR LA CALLE

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "evitar que se queden en la calle" las seis personas o familias que cada día pierden su vivienda en Aragón "por no poder atender a sus obligaciones del préstamo hipotecario", de forma que "están pagando la crisis, aunque no la han provocado".

En su opinión, hay "un margen de actuación" y, por ejemplo, ha considerado "razonable" y "de justicia social" exigir a las entidades financieras "un compromiso con una situación que han contribuido a generar cuando han hecho pingües negocios" durante los periodos en los que se ha "especulado" con la construcción. También ha considerado oportuno que "cada confesión religiosa asuma sus bienes y los mantenga en buenas condiciones".

El diputado del PSOE, Ricardo Berdié, ha abogado en el transcurso del debate por "el máximo consenso en materia de vivienda" y ha subrayado que España "encabeza" la construcción de viviendas de protección.

El diputado del Partido Popular, Antonio Torres, ha precisado que es "ilegal" la propuesta de IU de aprobar un decreto de medidas urgentes para evitar que sean desalojados de su vivienda habitual por embargo o desahucio personas en determinadas condiciones.

Además, ha calificado "inviable, imposible e inverosímil" querer garantizar a toda la ciudadanía, por un decreto de medidas urgentes, el derecho a la vivienda y "patético y demagógico" no querer financiar actuaciones en el patrimonio religioso.

APROVECHAR LOS FONDOS

El diputado del PAR, Miguel Ferrer, ha abogado por "aprovechar" los fondos previstos para Aragón en 2010 en materia de vivienda para que "no se pierdan" y ha criticado la propuesta de no actuar en bienes religiosos porque "algunos son patrimonio, y, en ocasiones, han sido calificados como Patrimonio de la Humanidad", para agregar que la Iglesia "también se dedica a hacer obras sociales de las que se aprovecha toda la sociedad y especialmente lo más necesitados".

El diputado de Chunta Aragonesista, Bizén Fuster, ha calificado de "poco realistas" las medidas propuestas por IU y, por ejemplo, le ha recordado que es de "imposible cumplimiento" el convenio firmado entre 2009-2012 entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Aragón, como pedía inicialmente IU, porque "ya ha sido modificado", ni conseguir "por decreto, en el plazo de un mes" el derecho constitucional a la vivienda.