ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón rechazó hoy una propuesta del Grupo Parlamentario Popular para reducir a la mitad el número de cargos de libre designación empleados en el Gobierno de Aragón.
La proposición no de ley (PNL), que defendió el diputado popular Antonio Suárez, aludía al aumento del número de asesores eventuales durante los últimos años y "el coste económico que ha supuesto para todos los aragoneses".
La PNL también recomendaba controlar "en todos los casos" el cumplimiento de las funciones de los asesores eventuales de confianza, su horario y asistencia al puesto de trabajo.
En su intervención, Antonio Suárez expresó que, en algunos casos, "puede ser necesario" contratar personal de confianza, como el "jefe de Gabinete o jefe de medios de comunicación", pero no en otros casos, entre los que mencionó los auxiliares administrativos de las Delegaciones del Gobierno de Aragón en Bruselas y Madrid.
Antonio Suárez rechazó "el abuso", es decir, "que se utilice esta figura para colocar amigos o satisfacer intereses creados". El parlamentario del PP lamentó que, desde el inicio del mandato del socialista Marcelino Iglesias al frente del Gobierno de Aragón, se haya triplicado el número de asesores eventuales, que ahora son "la friolera de 128".
Antonio Suárez afirmó que el Gobierno de Aragón está cubriendo con personal de confianza "puestos eminentemente técnicos", lo cual rechazó.
El diputado del PP consideró que en el actual contexto de crisis, es necesario ser "escrupulosos" al límite y reforzar el control del gasto público.
Al respecto, el portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, indicó que no está "tan claro" que se deba reducir de manera "taxativa" el número de asesores eventuales. Sin embargo sí apoyó la propuesta de controlar efectivamente el cumplimiento que cada asesor tiene asignada, así como su horario y su asistencia al puesto de trabajo.
SITUACIÓN REGULADA
El socialista Carlos Tomás expresó que son los gabinetes de los consejeros los que controlan el normal desempeño de las funciones de los asesores y comentó que su relación laboral es completamente distinta de los demás empleados públicos, de tal manera que "si un asesor no realiza bien su trabajo se le cesa" sin que tenga derecho a indemnización por despido improcedente.
La diputada del Partido Aragonés (PAR), Ana de Salas. rechazó la iniciativa, recordó que los asesores forman parte del personal público y explicó que esta figura laboral está completamente regulada en la normativa vigente.