Firmado un convenio entre el Gobierno de Aragón, FAMCP y Endesa
ZARAGOZA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Endesa mantendrá el suministro eléctrico y de gas a los consumidores en situación de vulnerabilidad que puedan ser beneficiarios de una ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia y hayan sido valorados por los servicios socialesl municipales.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, el director de Endesa-Aragón, Ignacio Blanco, y la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, han firmado un convenio en este sentido que ya ha entrado en vigor y que atañe a la electricidad, ampliándose en breve al gas.
En aplicación del convenio, Endesa evitará la suspensión del suministro eléctrico o facilitará su restablecimiento en el menor tiempo posible, en virtud de la prestación económica de urgencia social que la Administración concederá al beneficiario, previo informe de los servicios sociales, para el pago de las facturas de que se trate.
Los beneficiarios son los consumidores de Endesa para su vivienda habitual que cumplan los requisitos señalados y están excluidos los casos en los que se detecte una conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor.
Cuando los servicios sociales de las Administraciones Locales de Aragón detecten un posible caso realizarán una valoración técnica para determinar si esa persona o familia puede ser beneficiaria y, si es así, Endesa se obliga a mantener el suministro de electricidad mientras se gestiona la concesión de la prestación de urgencia para el pago de las facturas energéticas en el plazo de un mes.
La compañía no cobrará intereses ni otros gastos adicionales y la deuda será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales a Endesa. El convenio tiene una vigencia de un año.
DESIGUALDAD
Javier Lambán ha señalado que, "para vergüenza de España", nuestro país es el segundo con un mayor aumento de la desigualdad en la OCDE, por detrás de Chipre, subrayando que el 30 por ciento de los españoles estaban en riesgo de exclusión en 2014.
Además, las diferencias entre los más ricos y la mitad más pobre han aumentado "de forma exponencial", ha lamentado, apuntando que 17 de las 35 empresas del Ibex 35 no cotiza por el impuesto de sociedades y el salario medio es 185 veces más bajo que el de los directivos de este indicador bursátil.
El convenio firmado este martes, que tiene un precedente en otros acuerdos de ámbito municipal, permitirá apoyar en todo el territorio aragonés a quienes corren el riesgo "atroz" de la exclusión, ha dicho Lambán, para recordar que el Presupuesto de 2016, en periodo de tramitación parlamentaria, ya contempla medidas para priorizar las políticas sociales y recuperar los servicios públicos.
"Este convenio refuerza esas políticas", ha expresado el presidente, quien ha agradecido la predisposición de Endesa y de la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez.
Ignacio Blanco ha destacado el compromiso de Endesa con "las personas más necesitadas" y ha comentado que la compañía ya está aplicando otras medidas, como el 'bono social', que beneficia al 15 por ciento de la población aragonesa.
Ha indicado que hay pocos estudios sobre pobreza energética, pero el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) elaboró uno en 2013, según el cual 8.000 familias aragonesas habían solicitado ayuda por este concepto, una cifra que probablemente habrá aumentado después y que en 2015 "se está empezando a corregir", ha opinado.
Carmen Sánchez ha hecho notar que los vecinos con dificultades económicas acuden en primer lugar a sus ayuntamientos. Además, ha comentado que este convenio fue impulsado por el anterior equipo de la FAMCP, que dirigía Carlos Boné.
La consejera María Victoria Broto ha explicado que el convenio servirá para evitar los cortes de suministro de electricidad y gas para que "estas personas vulnerables puedan tener una solución".
Ha subrayado que "la pobreza solo es una", la de las personas y familias que "tienen dificultades para vivir con la mínima dignidad", tras lo que ha hecho hincapié en que los municipios y comarcas han sido "fundamentales" para llevar a término este proyecto.
