ZARAGOZA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón ha aprobado, este miércoles, un decreto ley que adopta medidas excepcionales y urgentes en materia de revisión de precios en la licitación, adjudicación, formalización y ejecución de obra pública y que amplia los materiales de construcción a los se puede aplicar respecto al listado autorizado por el Ejecutivo central.
De esta manera, junto a los especificados por el Gobierno de España --siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre--, se introducen los cementos, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos y rocas y vidrio.
Así lo ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha dicho que se trata de una "herramienta muy necesitada, demandada y eficaz" para mejorar la viabilidad "de muchos proyectos empresariales" y también para continuar con los proyectos impulsados por la Administración pública.
Ha añadido que es aplicable no solo a la contratación para obra pública, sino también a los contratos de servicios y suministros necesarios para la misma por lo que se da cabida a los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, a la conservación y mantenimiento de edificios públicos y al suministro de los materiales necesarios.
El decreto ley establecen otras medidas complementarias para abarcar todos los problemas surgidos con los contratistas de obras públicas, como la posibilidad de sustituir los materiales por otros, siempre que no se altere ni la funcionalidad de los mismos, ni la seguridad de la obra.
También decaerá la posibilidad de imponer sanciones a las contratistas si se demuestra que los posibles retrasos en la ejecución de los contratos están provocados por la demora en el suministro de materiales. Además, esta norma será aplicable, además, por los entes locales que así lo acuerden.
FACILITAR LA GESTIÓN
Pérez ha esgrimido que es un mecanismo "excepcional" para facilitar la gestión "en estos tiempos complejos", que va a contribuir a resolver "un problema importante que estamos teniendo con muchos proyectos" ante el "alza de precios" en el sector de la construcción, que se han "disparado" en el caso de las materias primas, habiéndose duplicado e incluso triplicado en los últimos meses, y que atiende las peticiones de los ámbitos afectados.
La consejera ha considerado que es una medida que adoptan por "responsabilidad" porque "no podemos vivir ajenos a la realidad que nos rodea", con una pandemia, una crisis de la cadena logística mundial desde el año pasado y la guerra de Ucrania.
Pérez ha indicado que no se ha calculado cuál puede ser el impacto económico de esta medida en el erario público. "Lo iremos viendo" y desde el Departamento de Hacienda "se habilitarán los créditos adecuados, que pueden ser ampliables", ha apostillado.
El decreto ley, que se estructura en siete artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, desarrolla los supuestos del Real Decreto ley 3/ 2022, de 1 de marzo, y el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo, aprobados por el Gobierno de España para dotarse de un instrumento legal que permita revisar los precios de los materiales más allá de lo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público.
