El Gobierno municipal encarga una auditoría interna económico-financiera

Actualizado 26/06/2015 13:57:57 CET
El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés
Foto: EUROPA PRESS

ZEC aboga por una alianza municipalista de cualquier signo que avale la postura de la FEMP para que no suba el IBI

   ZARAGOZA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno municipal de Zaragoza ha decidido iniciar una auditoría interna económico-financiera para tener una "foto fija" de la situación real de las cuentas del Ayuntamiento de la ciudad "porque hay cosas que no sabemos", según ha avanzado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

   Para ello se ha cursado orden a la Intervención General Municipal para que la lleve a cabo en colaboración con todas las áreas municipales, servicios, organismos autónomos y sociedades y la previsión es concluirla en septiembre.

   La auditoría deberá incluir el estado de ejecución del Presupuesto, que refleje el gasto comprometido a 30 de junio de 2015; acreditar que las partidas presupuestarias son suficientes para hacer frente a los pagos comprometidos; una relación de las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al de 2015 que pudieran afectar a la normal ejecución del presupuesto actual y los siguientes; y conocer la deuda financiera a corto y largo plazo, con detalle de los préstamos y avales, su vencimiento, su importe y los intereses de cada uno de ellos.

   Asimismo, se deberán recoger todas las sentencias judiciales firmes que hay que atender y el riesgo derivado de procesos judiciales abiertos relativos a contratos, demandas o compra-venta de suelos. Al respecto, Rivarés ha apuntado que hay una sentencia de 10 millones de euros y otra de 3 millones pendientes de ejecutar. Finalmente, deberá contener la situación del Plan de Ajuste y el cumplimiento de la regla de gasto y morosidad.

   El consejero municipal también ha firmado una orden para que en el plazo de 30 días se de conformidad o se rechacen las facturas pendientes y en caso de que se acepten abrir un plazo de otros 30 días para abonarlas y de esta forma "afloren montantes que no controlamos".

   En rueda de prensa, Rivarés ha incidido en que el Gobierno municipal "asumirá sus obligaciones y deudas, pero otra cosa es cambiar las condiciones", en referencia a los plazos y tipo de interés de los créditos bancarios contraídos por el Ayuntamiento.

   También ha trasladado el mensaje de que "Zaragoza cuenta con suficientes recursos y liquidez para hacer frente a los pagos conocidos" para recalcar que la auditoría es para "tener la foto fija de la situación real".

ORDENANZAS FISCALES

   En su reunión de este viernes, el Gobierno de Zaragoza también ha cursado orden al Departamento de Gestión Tributaria para que se inicien los trámite de elaboración de la propuesta de ordenanzas fiscales de 2016 para "compartirlas con los grupos municipales y ofrecer un primer borrador para que sea más fructífero el debate".

   Este documento también podría estar concluido en septiembre y se elaborará bajo la premisa de que "no se puede trasladas más sufrimiento económico a los ciudadanos y no se puede asfixiar a los ayuntamientos", ha sintetizado Rivarés al argumentar que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es una de las principales fuentes de ingresos de las haciendas locales.

   Partidario de encontrar un "equilibrio" Rivarés ha precisado que "no pasa por una subida del IBI" y se ha decantado por mantener las actuales bonificaciones y la "progresividad" como también defienden los grupos municipales del PSOE y CHA.

   "No se puede cobrar más y no se puede consentir que baje el IBI a inmuebles de cierto postín, y no se pueden consentir posibles aumentos de este impuesto a las viviendas de la clase trabajadora", entre las que ha citado las de la calle Jorge Cocci.

ALIANZA MUNICPALISTA

   Este aumento del IBI se aplicaría a partir de 2016, al ser el año en el que terminan las bonificaciones que han aplicado los ayuntamientos con la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que debe decidir si se prolongan a partir del próximo año.

   En caso contrario se podrían producir incrementos del IBI de hasta el 27 por ciento y aunque el Ayuntamiento de Zaragoza deje el tipo al 2 por ciento "que es el máximo lineal" habría viviendas de cierto nivel que pagarían entre 5 y 10 euros menos y otras de zonas donde vive la clase trabajadores tendrían aumentos de hasta cien euros".

   Tajante ha sentenciado que "el Gobierno de Zaragoza no lo puede permitir" para avanzar que intentarán que las bonificaciones se extiendan durante tres o cuatro años más "negociando con el Ministerio de Hacienda".

   Como medida de mayor presión, Rivarés ha recordado la intención de crear una "alianza municipalista con ayuntamientos de cualquier signo que avale" la postura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que "haya una postura común pactada para decirle a Montoro que esto no puede seguir así".