ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que firme el convenio tripartito con el Ejecutivo autonómico y los Colegios de Abogados de Aragón para pagar la asistencia jurídica gratuita a internos de las prisiones de Zuera, Daroca y Teruel correspondiente a 2018 y 2019.
El Departamento ha enviado una comunicación a Instituciones Penitenciarias manifestando que "tenemos el compromiso de pagar todos los servicios que han prestado los abogados" y que es "fundamental" que la Secretaría General dé el visto bueno para firmar el convenio. "Me hubiera gustado que las cosas se hubieran podido hacer antes", ha reconocido el consejero.
Así lo ha indicado en el transcurso de una comparecencia a petición del Grupo Popular, en la que ha dejado claro que los letrados cobrarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre del año próximo.
Ha concretado que las actuaciones subvencionables son 156 al año por centro penitenciario, sumando un total de 468 visitas a reclusos, el 70 por ciento en el centro penitenciario de Zuera (328 visitas), con cuatro letrados un día por semana y otro más un día, mientras que en Daroca son 76, divididas en 2,5 visitas de un letrado por semana y un refuerzo cada quince días, y en Teruel son 64, con un letrado una vez a la semana.
Los desplazamientos se pagan a 0,19 euros por kilómetro y el coordinador percibe 90 euros por semana y el presupuesto total para 2018 es de 50.000 euros.
"Eso es lo que estamos esperando que se firme y esa tiene que ser la base fundamental" a la hora de redactar el convenio, ha continuado Guillén, recalcando que "sin duda" el Gobierno cuenta con los colegios de abogados.
El titular de Presidencia ha dejado claro, por otra parte, que el Ejecutivo quiere aprobar el Reglamento de desarrollo de la Ley de asesoramiento y servicio jurídico gratuito, indicando que "muchas veces" surgen "problemas administrativos que hacen que no se puedan cumplir" las leyes "al día siguiente" aunque "queremos cumplir los artículos" de la misma.
ZANAHORIA Y PALO
Vicente Guillén ha respondido así al diputado del PP Fernando Ledesma, quien ha recordado que esta Ley fue aprobada por las Cortes con aportaciones de todos los Grupos Parlamentarios y ha criticado la política del Gobierno de Aragón de "zanahoria y palo" con los colegios de abogados.
"Cumplan la Ley", ha exigido Ledesma al consejero, urgiéndole a desarrollar el Reglamento "cuanto antes", observando que el convenio de orientación jurídica debería ser de cuatro años.
Desde el PSOE, Darío Villagrasa ha criticado al PP por transmitir la "sensación" de que los servicios que se derivan de esta ley no se estén financiando o no se vayan a pagar.
En representación de Podemos, Alfonso Clavería, ha dicho que el Gobierno está aplicando una normativa anterior, lo que "genera injusticias" y ha recordado que el derecho a la justicia gratuita proviene de la Constitución, alertando de los "problemas estructurales endémicos".
La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha preguntado a Guillén si ha iniciado las consultas con los colegios de abogados para desarrollar la Ley porque "al menos eso sería mostrar la voluntad" de llevar a cabo este proceso.
El parlamentario de Cs, Ramiro Domínguez, ha observado que "difícilmente se puede impulsar desde el Gobierno el Reglamento si no hemos hablado con el Colegio de Abogados", emplazando a Guillén a aprobar el Reglamento.
Para la diputada de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, "hace falta mucho valor" para que el PP exija el desarrollo de esta Ley tras la gestión que realizó en materia de Justicia el anterior Gobierno regional cuando "solo dieron palos porque pagaban tarde y mal".
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