ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés (PAR) de las Cortes de Aragón, María Herrero, ha exigido este lunes al Gobierno autonómico que los ayuntamientos tengan un plazo "razonable" para consultar a sus vecinos y pronunciarse sobre el uso de las lenguas minoritarias de cara a la delimitación de la zonas de utilización predominante. Ha registrado varias iniciativas sobre este asunto.
Herrero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "no hay voluntad" por parte del Ejecutivo regional de facilitar que los municipios se posicionen, después de que la Dirección General de Política Lingüística del Departamento de Educación, Cultura y Deporte haya enviado una carta a los municipios de las posibles zonas de uso del aragonés y el catalán de Aragón para darles un plazo de 15 días en el que tienen que expresar su opinión. El Ejecutivo ha aprobado una resolución en este sentido el 26 de marzo.
Así, Herrero ha solicitado la comparecencia de la consejera, Mayte Pérez, en Comisión, también le preguntará en sesión plenaria y ha registrado una proposición no de ley, en la que insta al Gobierno regional a plantear un procedimiento "realmente efectivo" para escuchar a los municipios con un plazo "amplio" y proporcionándoles información previa precisando la denominación genérica y normativa del habla local.
También han pedido que se habilite un procedimiento para que los ayuntamientos puedan proponer "si quieren" una denominación, no para reconocer "1.000 lenguas". Ha lamentado que "no se lo están poniendo fácil a los Ayuntamientos" y ha reclamado que se lleve a término "lo que la mayoría piense".
Herrero ha recordado que no se ha desarrollado "realmente" la Ley de Lenguas después de "muchos años" y "en ningún caso se han llegado a concretar muchas cuestiones".
La diputada aragonesista ha considerado que el plazo de 15 días es "un tanto reducido" dado que este es un tema "de gran controversia y confrontación", subrayando que la Ley de Lenguas establece que los Ayuntamientos deben ser oídos de cara a delimitar las zonas de uso predominante, advirtiendo de que este asunto "suscita polémica, controversia, confrontación y rechazo" porque "es muy sensible", lo que exige "tener especial cuidado y sensibilidad".
María Herrero ha dicho que la disposición adicional primera de la Ley de Lenguas obliga al Gobierno regional a establecer un procedimiento para fijar la denominación de las lenguas propias en cada municipio, de manera que cada localidad pueda proponer un nombre, procedimiento que no se ha establecido "porque no se quiere y no se tiene voluntad real de cumplir la Ley".
