El informe de la Asesoría Jurídica asegura que no ha prescrito la deuda de Tiro Pichón al Ayuntamiento de Zaragoza

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el informe encargado, a petición de Vox, a la Asesoría Jurídica sobre el Club Deportivo Tiro de Pichón y que ha trasladado a todos los grupos municipales, revela que no ha prescrito el plazo del pago de la indemnización al consistorio al no haber transcurrido el tiempo legal de 5 a 15 años y, por tanto, hay que esperar a que haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre el deslinde porque entonces reclamará "toda la deuda al club".

El informe de la Asesoría Jurídica indica, además, que la ejecución del acuerdo plenario de 24 de octubre de 2022 por el que se declara la nulidad del acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2007 permanece suspendido 'ex leje' conforme al artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo" y añade que esta suspensión legal "no causa perjuicio a ninguna de las partes".

El acuerdo plenario de octubre de 2022 aprobaba por unanimidad que la porción de terreno de la ampliación del Tiro de Pichón era de dominio público y, por tanto, inexpropiable por ley, de modo que se declaraba nula la expropiación de 2007 por lo que el club deportivo debería devolver al Ayuntamiento casi 10 millones de euros por el terreno más lo intereses por la expropiación.

El Tiro Pichón recurrió en reposición ese acuerdo plenario del Ayuntamiento y Urbanismo optó, en diciembre de 2022, por la suspensión cautelar al acuerdo plenario porque el club deportivo presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra el deslinde aprobado por la CHE y que está pendiente de sentencia.

"Esa sentencia --ha indicado Serrano-- lo que determinará es si el deslinde que el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Ebro hemos defendido desde el acuerdo de octubre del 2022 está o no bien hecho". "Si está bien hecho, procederemos a reclamar las cantidades indemnizatorias que resultan en proporción a los metros cuadrados, que son más de 11.000, y en ese término se tiene que pronunciar la sentencia".

En rueda de prensa, Serrano ha añadido que la sentencia "no va a modular mucho más la cuestión", ya que "va a decir si ese deslinde que se practicó por parte de CHE a instancia del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2022 está o no bien hecho". A su parecer, se trata de una cuestión "casi más técnica que jurídica, aunque evidentemente también jurídica" sobre el que se tiene que pronunciar la Sala de lo Contencioso-Administrativos del TSJA, sin que haya una fecha señalada.

INTERÉS DE LA CIUDAD

A su parecer, la conclusión de ese informe es que "tal y como la alcaldesa y el gobierno de Zaragoza han mantenido siempre, el interés de los zaragozanos está absolutamente preservado a la hora de que cuando haya una sentencia definitiva sobre el fondo, el Ayuntamiento de Zaragoza pueda reclamar hasta el último céntimo de euro".

Con este informe de la Asesoría Jurídica ha contestado a las críticas de los grupos de la oposición a los que ha dicho que el Gobierno de Zaragoza "va con absoluta transparencia".

En concreto, ha señalado que el informe de la Asesoría Jurídica "desmiente" las declaraciones de la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que "decía que todo estaba prescrito y cuestionaba que no se había resuelto el recurso de reposición". A ello, el informe dice que "no tendría sentido alguno y sería inoportuno proceder a resolución del recurso de reposición de 2022 por cuanto pudiera resultar contradictorio con el fondo del asunto que resolverá la sentencia del TSJA".

De este informe, Serrano ha deducido que tal y como se ha defendido por los Servicios Jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza "se hizo bien, con prudencia, solvencia y rigor cuando no se resolvió el recurso de reposición y así lo entiende el órgano supremo del Ayuntamiento que arroja luz en asuntos jurídicos", ha enfatizado.

Serrano ha recalcado que el objetivo es resolver el expediente para resarcir de las cantidades indemnizatorias que obtuvo "indebidamente Tiro de Pichón". "Solo los gobiernos del PP han llevado a pleno cuestiones de gran trascendencia jurídica como en 2022 se dijo revisar de oficio el justiprecio que el PSOE entendió procedente pagarle al clud deportivo", ha apostillado en referencia al acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 24 de octubre de 2022.

"Es inequívoco y opera como la ley de la gravedad --ha comparado-- que ha sido la voluntad política del Partido Popular, de seguir adelante con esta reclamación, la que hace que hoy podamos dar cuenta de un informe favorable para los intereses municipales y favorable, por lo tanto, para proteger nuestro derecho".

EL DOCUMENTO DE 1976

Además, ha reconocido que fue el anterior Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) el que inició en vía administrativa un expediente dando los pasos correctos para que luego, con el impulso político de esos acuerdos plenarios, se suspendiera el pago de intereses y así poder seguir reclamando las cantidades que en el futuro determine la sentencia judicial que son las correctas".

Ese reconocimiento a ZeC viene después de que en 2016 la asociación de vecinos de La Almozara hiciera llegar al Ayuntamiento de Zaragoza un documento de 1976 de la Comisaría de Aguas de la CHE que revelaba que los terrenos expropiados procedían de un antiguo vertido de escombros autorizado por el propio organismo de cuenca y, por lo tanto, formaban parte del dominio público.

Entonces, Gobierno municipal de ZeC intentó revertir la sentencia del Tribunal Supremo mediante un recurso extraordinario de revisión, que no prosperó, y después abrió un procedimiento de revisión de oficio contra el acuerdo expropiatorio de 2007. En 2019 se pidió a la CHE que practicara el deslinde de la parcela y con el respaldo de un informe de la Abogacía del Estado, el organismo de cuenca resolvió en diciembre de 2021 que la porción de terreno era de dominio público y, por tanto, inexpropiable por ley.

Con ese respaldo, el Ayuntamiento reabrió la revisión de oficio, que obtuvo un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón en octubre de 2022 y ese mismo año, el pleno declaró, por unanimidad, la nula la expropiación de 2007, lo que supone que el Tiro Pichón tenía que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza, pero al recurrirlo en reposición se está pendiente de la sentencia que emita el TSJA sobre el citado deslinde.

Serrano ha concluido al abundar en que desde el Gobierno de Zaragoza se ha ofrecido "transparencia absoluta, luz y taquígrafos sobre las cuestiones jurídicas que llevan como conclusión que la argumentación política de la izquierda tendente a enmarañar la situación con respecto a la pretensión de que sigamos reclamando a tiro de pichón, eran falsas y carecían, estaban ayunas de fundamentos jurídicos sólidos".