El Justicia de Aragón sugiere al Ayuntamiento que impulse una regulación que prohíba la prostitución callejera

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, sugiere de oficio que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se impulse una regulación que prohíba la práctica de la prostitución en la calle con la finalidad de "preservar la convivencia y el civismo, garantizar la tranquilidad ciudadana, evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público y preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento y demanda de servicios sexuales".

Desde esta Institución se sostiene que la prostitución en la calle "afecta al orden público y genera innumerables problemas" para las personas que viven y transitan por los lugares afectados entre los que cita ruidos que impiden el descanso, conflictos, peleas, suciedad o tráfico de drogas.

En opinión del Justicia, la regulación de la prostitución en la calle "debe ir acompañada" de presencia policial con el fin de combatir las mafias, el tráfico de drogas y el abuso de menores, acciones consideradas delito en el Código Penal, sin perjuicio de que se considere la instalación puntual y bajo estricto control de videocámaras de seguridad.

El Informe sobre el fenómeno de la prostitución elaborado por el Justicia recoge las quejas que en este ámbito ha tramitado la Institución desde 2005, un total de 13, la mayoría, relacionadas con las molestias vecinales que genera la prostitución en la calle, en concreto en el entorno de la Avenida de Valencia y el Casco Histórico de Zaragoza.

En respuesta las mismas, el Justicia de Aragón sugirió al Ayuntamiento de Zaragoza que declarase las calles Escosura, Ávila y Burgos, "zona saturada de bares" con el fin de evitar una mayor proliferación de establecimientos de ocio, sugerencia que fue aceptada y llevada a la práctica.

Desde el Justiciazgo también se ha insistido en la importancia de la colaboración entre Administración local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir y actuar contra los problemas de seguridad pública que puedan derivarse de la práctica de la prostitución.

Ante las nuevas quejas de vecinos presentadas en la Institución en los últimos días, el Justicia insiste en que la prostitución en la vía pública "debería estar prohibida con carácter general por las ordenanzas municipales, sin perjuicio de que se adopten las medidas de control y protección de las personas que se dedican a esta actividad", señala el Justicia en un comunicado.

En relación con las personas que ejercen la prostitución, Fernando García Vicente considera "oportuno" que la Administración autonómica, en colaboración con las asociaciones no gubernamentales que se ocupan de este colectivo, "promueva un plan de actuación con un triple objetivo: prevenir la prostitución, atender las necesidades sociales y sanitarias específicas de las personas que la practican y favorecer la integración laboral en otro tipo de actividades económicas".

PERFIL DE LA PROSTITUTA

De las fuentes consultadas por el Justicia, se desprende que en Aragón las personas que se dedican a la prostitución son, en su mayoría mujeres extranjeras de edad comprendida entre 20 y 40 años con situación administrativa irregular y, en muchos casos, con hijos a su cargo.

Precisamente, la situación irregular hace que sea difícil encontrar un trabajo legal y favorece el ejercicio de la prostitución, por lo que, a juicio del Justicia, el control de acceso a territorio comunitario- europeo es tan importante.

En cuanto a la realidad social, frecuentemente la prostitución viene unida a otras circunstancias como malos tratos, carencias afectivas, ruptura de la unidad familiar, graves carencias económicas, consecuencias inherentes la inmigración, entre otras que cita el Justicia.

A las formas que tradicionalmente ha adoptado el ejercicio de la prostitución, en la calle, locales y domicilios privados, se han sumado otras nuevas como el turismo sexual o la prostitución vía Internet.

En su informe también alude al ámbito laboral, donde no existe regulación y destaca que las personas que ejercen la prostitución "no están sujetas a contrato laboral o, si lo están, no se refleja la actividad real. Por lo tanto, no hay derechos ni obligaciones, ni control fiscal lo que favorece abusos de todo tipo".

En cuanto a los aspectos sanitarios, el ejercicio de la prostitución tiene "innegables consecuencias en la salud física y mental de quienes la practican". A las enfermedades de transmisión sexual, y los trastornos ginecológicos, se suman, en algunos casos, los efectos del consumo de drogas y alcohol y los trastornos psíquicos asociados a situaciones a agresiones, amenazas y violaciones, entre otras.

En este sentido, el Justicia sugiere que la sanidad pública "ofrezca información sanitaria a este colectivo y favorezca controles rutinarios".

El estudio del Justicia se completa con referencias a las posturas que tradicionalmente se han adoptado para abordar la prostitución (los sistemas reglamentista, prohibicionista y abolicionista).

También recoge referencias al marco legal internacional, autonómico y local, así como las respuestas que la Administración y diferentes Organizaciones No Gubernamentales ofrecen a este fenómeno. Para estas últimas, el Justicia reclama los apoyos necesarios con el fin de dar continuidad al trabajo que realizan.