El Justicia rehúsa intervenir en la decisión del Gobierno contraria a pedir la disolución del Consistorio

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, rehusó hoy intervenir en la decisión que tomó, meses atrás, el Gobierno de Aragón de no solicitar al Consejo de Ministros que iniciara el proceso de disolución el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza).

El Gobierno autónomo tomó --entonces-- esta decisión tras recibir un informe de la Comisión Jurídica Asesora (COJA) contrario al proceso de disolución. García Vicente hizo público hoy un informe a raíz de la solicitud formulada por Chunta Aragonesista (CHA), originada por la decisión del Ejecutivo autónomo de no solicitar la disolución después de que el pasado mes de marzo el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuviera a la alcaldesa, María Victoria Pinilla, y una treintena de personas en total dentro de una operación contra la corrupción urbanística.

Después de que la COJA emitiera el informe, en sentido negativo, CHA solicitó al Justicia que valorara el asunto, al entender que se habían producido cambios en el Ayuntamiento que podrían dejar sin efecto el análisis jurídico de la COJA.

En su escrito, el Justicia recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local autoriza a los Gobiernos autónomos a pedir al Gobierno de España que inicie el procedimiento de disolución cuando en una Corporación se ha producido una situación "gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

García Vicente recuerda que el Ejecutivo regional no tiene la competencia para disolver Ayuntamiento alguno. "Consideramos que desde la Presidencia del Gobierno de Aragón se ha actuado correctamente solicitando dictamen al supremo órgano consultivo del Gobierno", la COJA, señala el informe del Justicia.

Tras conocerse el informe de la COJA, que no recomendaba la presentación de la solicitud de disolución, "el Gobierno ha actuado en consonancia, dentro de un margen de discrecionalidad que no rebasa sus atribuciones legales", dice el informe del Justicia.

"Nos encontramos ante una decisión discrecional de carácter político, no enjuiciable desde criterios de estricta legalidad, por lo que no cabe apreciar irregularidad que pueda ser objeto de una decisión supervisora por parte del Justicia", continúa García Vicente.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

El Justicia entiende que, de iniciarse este procedimiento, podrían verse afectados varios principios constitucionales, como la garantía institucional básica de la autonomía local, recogida en la Constitución Española, el principio de presunción de inocencia de los imputados, en tanto el proceso judicial no ha concluido, o el respeto a la voluntad de los electores, libremente realizada a través de elecciones democráticas. "Precisamente el respeto a esos principios justifica la decisión política adoptada e impide la intervención del Justicia de Aragón", indican.

García Vicente indica que la disolución de un Ayuntamiento es siempre "excepcional" y recuerda que, en España, sólo se realizó en el caso de Marbella (Málaga), tras lo que indica que, incluso cuando miembros de una Corporación municipal han sido condenados por delitos vinculados al terrorismo "no se ha estimado procedente" disolver la Corporación.

El Justicia rehúsa valorar la oportunidad de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma se dirija al mismo para requerir un nuevo informe referente al supuesto planteado.

El informe del Justicia hecho público hoy indica que "la dimisión de dos concejales y la decisión de su grupo político de no cubrir la vacantes reduce a nueve el número de ediles, por lo que, aún no teniendo en cuenta los que resultan imputados en un sumario penal, quedan siete personas sin tacha alguna que perfectamente pueden reconducir la situación y, al menos, efectuar una correcta gestión ordinaria de los asuntos municipales hasta la celebración de las próximas elecciones".