La ley de emergencias de Aragón creará una red de alerta ciudadana para mejorar la prevención ante los desastres natural

Reunión para tratar sobre la futura ley de emergencias de Aragón.
Reunión para tratar sobre la futura ley de emergencias de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Publicado: lunes, 28 junio 2021 14:10

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futura ley de emergencias de Aragón creará una red de alerta ciudadana para mejorar la prevención ante los desastres natural. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, que ha presidido la reunión del Consejo Local, donde se ha dado a conocer el borrador de esta norma.

La sesión también ha contado con la presencia de las diputaciones y de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. Mayte Pérez ha destacado que entre las incorporaciones al texto normativo está la creación de una red de información, de prevención y alerta a la ciudadanía para mejorar la anticipación ante las emergencias.

Desde el Ejecutivo aragonés han precisado en una nota de prensa que el punto de partida de la elaboración de la legislación ha sido febrero de 2020, después del paso de la borrasca 'Gloria' por la comunidad autónoma.

Menos de año y medio después se ha dado a conocer a las entidades locales el borrador de la ley que, según Mayte Pérez, aspira a convertirse "en una de las más importantes de la legislatura".

Ahora se va a dar un plazo de tres semanas a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), a las tres diputaciones y a las capitales de provincias para que planteen propuestas y mejoras antes de aprobar en Consejo de Gobierno el texto, lo que está previsto para finales de agosto o principios de septiembre.

ADAPTACIÓN

Esta nueva ley surge ante la necesidad de adaptar la normativa a la evolución de la protección civil y gestión de emergencias, y como desarrollo de la vigente ley aragonesa de Protección Civil y Gestión de Emergencias, de 2002.

Entre las novedades, está creación de la mencionada red de alerta, una herramienta destinada a "prevenir y mantener informada a la ciudadanía", porque "anticiparnos a las emergencias es también una manera eficaz de gestionarlas", ha explicado la consejera de Presidencia.

A su vez, aparece la declaración de emergencia integral, en la que el mando único pasa a ser del presidente del Gobierno de Aragón para coordinar las acciones. Además, los municipios de más de 10.000 habitantes deberán tener un plan de protección civil, algo que en la actualidad solo se exige a los de más de 20.000 vecinos.

Para eSo, ha enfatizado Mayte Pérez, los entes locales tendrán "el asesoramiento y la colaboración estrecha" de la Dirección General de Interior. A todo esto, hay que añadir que se incorporarán a la ley las Unidades de Coordinación Comarcal "como un órgano más del propio sistema".

En la reunión, han estado presentes los directores generales de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez; de Administración Local, José Ramón Ibáñez, y de Relaciones Institucionales, Ricardo Almalé.

LEY DE 2002

El Gobierno de Aragón ha detallado que la actual normativa de 2002 ha contribuido a sentar las bases y el modelo del sistema de protección civil y gestión de emergencias en Aragón, pero precisaba de una actualización.

El borrador mantiene el "espíritu" y conserva "intactos" los principios de eficacia, eficiencia, coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional de la norma de hace 19 años, pero incorpora un nuevo modelo de evolución y desarrollo adaptado a los tiempos actuales, a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades surgidas, han añadido las citadas fuentes.

El texto tiene en cuenta las recomendaciones establecidas por las Naciones Unidas en el denominado Marco de Sendai, en el que se busca cambiar el paradigma para pasar de la gestión de los desastres a la gestión del riesgo de desastres. Por eso, la ley enfatiza la importancia de la anticipación, la prevención y la autoprotección como las herramientas más eficaces para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes.

Tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno, el texto normativo será objeto de un proceso de participación para incorporar las aportaciones de las instituciones, de los agentes sociales y de la ciudadanía.