Orós asegura que la regularización masiva ha provocado un "efecto llamada" y pide evaluar el impacto en Zaragoza

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha asegurado que la regularización extraordinaria de inmigrantes ha provocado un "efecto llamada", que se comprueba en el albergue municipal y ha exigido hacer una evaluación del impacto que tendrá en la ciudad las alrededor de 22.000 personas que han solicitado regularizar su situación en la ciudad.

"Estamos recibiendo, desde hace meses, a muchísimas personas que vienen de Francia o Italia al albur de este proceso de regularización, que no se van a poder regularizar y también tenemos serias dudas que va a pasar con las personas que estando en protección internacional han pedido la regularización", ha alertado Orós.

Según sus cálculos unas 300 personas que estaban en procesos vinculados al Gobierno de España bajo el paraguas de la protección internacional "se pueden quedar en la calle".

Tras recordar que quedan las siguientes fases porque en el mes de septiembre "en teoría tienen que estar dados ya todos los papeles de todas las regularizaciones", ha mostrado su preocupación por el apoyo de los servicios sociales o de diferentes servicios públicos que puedan necesitar los 22.000 solicitantes en Zaragoza.

EVALUAR EL IMPACTO

Por eso, ha pedido que se haga una evaluación del impacto que va a suponer que esas 22.000 personas se regularicen en Zaragoza o 1.300.000 en toda España.

"Tiene que haber una planificación y unos procesos de cogobernanza para poder asimilarlo y, desde luego, un presupuesto, porque no estamos hablando de algo ordinario, sino de algo extraordinario", ha puntualizado.

Al respecto, ha querido dejar claro que "esto no es el final de nada, sino el principio de un proceso que vemos y denotamos que es difícil y complicado y que si el Gobierno de España no se implica de verdad, será para los ayuntamientos algo muy duro", ha avisado.

"Ya vale del yo invito y tú pagas. Vamos a sentarnos y sobre todo que el Gobierno de España delimite, participe y planifique qué vamos a hacer una vez que esas personas estén regularizadas", ha apremiado.

DATOS

En declaraciones a los medios de comunicación, Orós ha explicado la logística del proceso después de que se formaran largas filas a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 16 de abril, fecha en la que se inicia el proceso de regularización extraordinaria.

Una vez montado el dispositivo se decide centralizarlo en la Casa de las Culturas. "Creo que fue un verdadero acierto y en ese sentido hemos estado trabajando mañana y tarde durante estos meses para poder dar esos informes de vulnerabilidad que era uno de los requisitos. El esfuerzo ha sido importante", ha resaltado.

En dos meses y medio se han recibido 9.000 llamadas, más de 3.900 citas y 3.035 expedientes de vulnerabilidad, que ha tenido un coste económico que reclamará al Gobierno de España. Solamente la parte de los servicios sociales han sido más de 160.000 euros, "pero eso no es lo que más nos preocupa, sino todo lo demás que queda".