Orós pide reprobar la gestión migratoria de Sánchez y garantizar un modelo nacional que acabe con el "caos"

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, defenderá una moción en el pleno de junio en la que solicitará reprobar la gestión migratoria del Gobierno de España y en concreto del presidente, Pedro Sánchez, al tiempo que reclama que asuma sus responsabilidades y competencias, además de garantizar un modelo nacional que termine con el "caos actual" para responder "con eficacia" a las necesidades del país, de las ciudades y de los inmigrantes y que deje de "arrojar" a las personas, a la irregularidad, la exclusión social, la pobreza y el sinhogarismo.

La moción también reclama que abandone la improvisación y que "deje de usar" a los ayuntamientos para "intentar esconder los problemas que han creado". En otro apartado del texto se exige que el Gobierno central habilite un fondo con recursos económicos, técnicos y humanos suficientes para asumir la responsabilidad de acogida información e inclusión sociolaboral de las personas solicitantes de asilo; aumentar las partidas del acogimiento y retorno voluntario y, además, que dote a los ayuntamientos de recursos para atender adecuadamente a estas personas en cuanto son expulsadas de los programas de ayuda humanitaria, asilo y protección.

Por último, la moción del PP demanda la creación de mecanismos formales de coordinación, información y cooperación transparentes para una gestión conjunta y planificada y que "de sus frutos" en contraposición a la reunión mantenido a principios de abril con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

No obstante, a tenor del resultado de la Conferencia de Presidentes, en la que uno de los asuntos era la crisis migratoria y el presidente del Gobierno de España "se negó a tratarla", ha dicho no tener muchas esperanzas.

En rueda de prensa, Orós ha explicado que el Gobierno de España lo que hace es "arrojar a la calle a cientos de personas a las que se les aboca la miseria, ilegalidad, frustración y desesperación" y mientras la ciudades de España "sufren esas consecuencias" de una "nula" política migratoria, que traslada a las ciudades el "colapso" de Canarias, la ausencia total de planificación y de modelo de gestión de la migración y del asilo. Además, con un "interés claro" de trasladar los problemas nacionales a los gobiernos municipales, que no cuentan con competencias, ni recursos para afrontarlo.

AUMENTO DE 130%

Tras subrayar que la política migratoria del Gobierno de España es un "modelo fracasado" ha agregado que la ayuda humanitaria y de protección internacional, que son los programas que deberían ayudar a paliar esta situación, demuestra que es un "modelo fallido".

Ha aportado el dato de que desde el año 2017 la inmigración ilegal ha crecido en España un 130%. "Han promovido el efecto llamada y una política que fomenta a las mafias, desgraciadamente, y el tráfico de personas, con un agravante, y es que de todas las personas que vienen a este país que tienen derecho a protección internacional, pero solo el 18,5% van a poder obtenerlo" y eso supone que la inmensa mayoría de estos solicitantes de asilo, tras unos meses, se quedan de forma irregular en España, "es un parada y fonda para terminar en las calles de los municipios".

La consejera municipal ha aseverado que la inmigración es una "oportunidad", pero la "mala gestión y la nula capacidad de planificar de la Administración central hace que se convierta para las ciudades en un problema".

Otra cifra que ha detallado ha sido el recuento 'in situ' de personas que viven en la calle realizado el pasado 5 de junio en el entorno del parque Bruil, que revela son 61 personas, de las que 22 son de Mali y Argelia y tienen derecho a protección internacional; otros 9 viven en el entorno del parque Bruil y otros 30 en los bancos del andador Reina Esther, de diversas nacionalidades tanto de España, como Rumanía, Marruecos y varios países de la África subsahariana.

Por otro lado, en el albergue municipal se alojan 12 personas que también tienen derecho a la protección internacional; con los recursos de acogida de urgencia del Ayuntamiento se atiende a 66 personas en situación de extrema fragilidad, solicitantes de asilo y pendientes de asignación de una plaza por parte de las entidades que gestionan los programas del Gobierno de España.

En resumen, el Ayuntamiento de Zaragoza está acogiendo a cien personas que tienen derecho a protección internacional a que el Gobierno de España las acoja y acompañe, pero que están siendo atendidas con los recursos municipales.

BLOQUEAR PLAZAS PARA NUEVOS INMIGRANTES

A ello se suma, la situación generada a finales de marzo cuando, en la Casa de las Culturas, aparecieron, se acercaron 50 jóvenes de Mali que informaban de que iban a ser expulsados de los programas de protección del Gobierno de España y que iban a acabar en la calle.

Todos, además, pendientes de asilo y cuando el Ayuntamiento contacta con la entidad encargada de darles plaza resulta que no los pueden atender porque "están colapsados". Sin embargo, según los datos del propio Ministerio, el grado de ocupación en esta ciudad, que son unas 1.600 plazas, es del 89 por ciento, lo que a juicio de Orós le hace pensar que el Ministerio "les está obligando a bloquear plazas para traer a más personas".

A colación, Mariam Orós ha invitado a la ministra portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, a que "uno de estos fines de semana que viene por Zaragoza de promoción" le acompañe para comprobar 'in situ' esta realidad y se dé cuenta que hay una gran parte de personas en esta situación que "deberían estar" bajo los programas del Ministerio de Inmigraciones del Gobierno de España.

"La dignidad --ha enfatizado Orós-- no es hablar de ella, ni colocar a estas personas como si fueran paquetes por el resto de España y que los ayuntamientos nos hagamos cargo con nuestros recursos, sino que teniendo capacidad, presupuesto y competencia, se hagan cargo".

Esa invitación la ha hecho extensiva a Fernando Beltrán, a quien ha recordado que todos estos datos "lo debería aportar la Delegación del Gobierno en Aragón al Ayuntamiento".

NUEVAS INSTALACIONES

La consejera municipal de Políticas Sociales ha aprovechado para comentar que a finales de este año, posiblemente en octubre o noviembre, estarán las nuevas instalaciones del albergue. Habrá dos pabellones para urgencias y emergencias, que hasta el 2023 se utilizaban por emergencia de frío y calor, que se abrirán de manera habitual.

También se van mantener las dependencias prefabricadas, que son otras cuarenta plazas para diferentes casos que se puedan originar y al trasladar la parte técnica al edificio nuevo, se podrán crear entre diez y quince plazas más para mujeres que puedan estar en situación de sinhogarismo.

Por otro lado, se trabaja con una entidad social para abrir un par de viviendas, en principio, aunque la intención es ampliar algunas viviendas más para trabajar con jóvenes en situación de sinhogarismo.

Tras esta exposición, Orós ha dejado claro que el "compromiso y atención" del Ayuntamiento de Zaragoza a todas las personas migrantes y refugiadas "no puede suplantar indefinidamente la responsabilidad del Gobierno de España". "No podemos asumir sin medios, ni apoyos lo que el Gobierno de España no está gestionando y no tengo muy claro si es porque no sabe o porque no quiere", ha incidido.