TERUEL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó hoy la creación de un censo de viviendas irregulares, construidas en suelo urbanizable, aunque la medida sólo contó con el apoyo de los grupos del equipo de gobierno (PAR- PSOE). La oposición, en este caso Partido Popular y Chunta Aragonesista, se abstuvo puesto que no tienen claras algunas cuestiones.
Antes del Pleno, el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, explicó a los medios que "el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) exige que se haga un censo de todas las viviendas que se encuentran en situación irregular". Así, y una vez conocido el censo, el PGOU "propondrá soluciones para estas viviendas". Según dijo Ferrer, "algunas tendrán solución y otras quedarán fuera de ordenación".
En este caso, explicó que las viviendas que queden fuera de ordenación "es como si no existieran". El alcalde aseguró que "el Ayuntamiento no va a tirar todas las que no pueda regularizar, pero saben que se quedan fuera de ordenación". En otros casos, se podrán ajustar a la normativa "entonces, se organizarán por bolsas, para que se vayan proponiendo las soluciones oportunas".
Además, el censo permitirá que "las viviendas paguen contribución al igual que el resto de vecinos de la ciudad". Ferrer también apuntó que el Ayuntamiento quiere hacerlo "para conocer cuál es exactamente la situación de estas viviendas".
El portavoz del PSOE, Pedro Joaquín Simón, señaló que "va a ser una herramienta necesaria para poder configurar el PGOU". Simón recordó que "históricamente, en esta ciudad, ha habido una situación de irregularidad que hay que abordar", así que "se pretende poner coto a estas situaciones que, en buena medida dificulta la expansión de la ciudad".
Por su parte, Emma Buj, portavoz del PP en el consistorio señaló que "no es malo que se haga un censo de viviendas irregulares", pero ven algunas "contradicciones" en las intenciones del equipo de Gobierno municipal.
Según explicó, se les ha remitido un informe en el que se explica que "el censo no va a ser público, pero además se contradicen. En un párrafo dicen que el fin de este censo es que esas viviendas se puedan legalizar, pero más adelante dicen que el fin es restaurar la legalidad y eso, según la legislación, es optar por el derribo y multar a los propietarios".
Por eso, Buj pidió que "se explique claramente qué va a pasar con esas viviendas: se van a legalizar, se va a sancionar a todas salvo las que no hayan prescrito".
Finalmente, Francisco Martín de CHA expuso que "consideramos que la Gerencia de Urbanismo (que se encargará de realizar el censo) tiene ya suficiente trabajo. No sé si va a poder llevar a cabo esta actividad". Además, añadió que "no sabemos si va a haber amnistía o si va a haber el mismo tratamiento para 78 casos que en estos momentos ya están expedientados".
MUSEO SEMANA SANTA
Por otro lado, el Pleno aprobó la firma de un convenio entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y el Obispado de Teruel y Albarracín que permitirá la construcción del Museo de la Semana Santa en la Iglesia de San Martín. Todavía no hay fecha para la firma, pero el alcalde de Teruel avanzó que podría ser "en un par de semanas".
El Museo de la Semana Santa tendrá un coste de 762.000 euros que financiará en un 80 por ciento el departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón. El resto, lo aportarán a partes iguales, el consistorio y el Obispado.
La portavoz del PP, Emma Buj se refirió a esta cuestión para asegurar que se han perdido tres años en la puesta en marcha de este centro. Además, destacó que "para empezar a hacer la obra es necesario modificar el Planeamiento Urbanístico", así que anunció que "vamos a instarles a que lo hagan lo antes posible".
También destacó que "todavía no hay proyecto museístico" así que solicitó que se elabore de manera paralela a las obras y que se haga teniendo en cuenta "a todos los implicados en la Semana Santa turolense porque es un Museo que la gente tiene que sentir como propio".