PSOE, En Común-IU y Podemos-Equo votan en contra, mientras que Cs y VOX apoyan la propuesta del grupo 'popular'
ZARAGOZA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha votado en contra de una moción del PP que pedía al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la rectificación de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y su cese "por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal".
El texto ha contado con 12 votos a favor de PP, Ciudadanos y VOX y 14 en contra de PSOE, En Común-IU y Podemos-Equo. La iniciativa incluía otros puntos, en los que se exigía al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que desmintiera las afirmaciones de su compañero de gabinete y pusiera en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico, así como las medidas necesarias para que éste avance en sostenibilidad.
Igualmente, reconocía el "gran trabajo" realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos "para hacer que el sector se adapte a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales", en materia medio ambiente, bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria, "alcanzando los máximos estándares en dichas materias".
La portavoz del PP en la DPZ, Iluminada Ustero, ha calificado de "agresión directa" a la ganadería el pronunciamiento de Garzón --quien dijo que España "exporta carne de mala calidad, procedente de animales maltratados", ha recordado-- y ha pedido "mojarse" en las instituciones y no solo en las redes sociales o en los medios de comunicación para expresar el apoyo al sector y pedir la dimisión del ministro.
Asimismo, ha manifestado que el sector cárnico ganadero ocupa a dos millones de personas en España y aporta a la balanza comercial unos 9.000 millones de euros, con exportaciones a 130 países. La industria cárnica suma 3.641 empresas, de las que el 67 por ciento tienen menos de diez trabajadores y el 92,7 no alcanzan los 50 por lo que está formada "por pequeñas explotaciones de tipo familiar que ayudan a crear empleo, riqueza y fijan población en el mundo rural", ha esgrimido la diputada.
En Aragón, ha continuado, la actividad agroalimentaria supone unos 4.000 millones de euros y el empleo para unas 80.000 personas, con 1.050 empresas, el 60 por ciento de ellas de pequeño tamaño. A colación Ustero ha dicho a los grupos de la izquierda que su teoría "siempre es la del bulo", para señalar: "Eso se lo tendrán que decir a los ganaderos", mientras que lo que sí es un "bulo" es hablar de macrogranjas, "que en Aragón no existen", ha remachado.
LEGISLACIÓN AVANZADA
La diputada del PP ha remarcado, igualmente, que la legislación española "es una de las más avanzadas del mundo" y ha recordado que su partido "lleva mucho tiempo pidiendo financiar un plan de ganadería sostenible", con enmiendas a los presupuestos y otras iniciativas, que han sido siempre desestimadas por la izquierda.
El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha considerado que el PP persigue con esta moción "desgastar el gobierno" y su grupo "no va a entrar en su juego político", ni va a dejar que sean los 'populares' los que "marquen su agenda". Ha preguntado a éstos si apoyar al sector es votar en contra, como hicieron, de la ley de cadena alimentaria para garantizar precios a los ganaderos.
También ha defendido al sector primario, "que sustenta a muchas familias de la provincia", así como las explotaciones de extensivo e intensivo, para aclarar que en Zaragoza el modelo "no es el de las macrogranjas", respecto a las que hay que regular "para evitar que se amparen en la carencia de legislación".
DAÑO CONSCIENTE
El diputado de Ciudadanos, Nicolás Cativiela, ha mostrado su apoyo a la moción porque Garzón "dañó de forma consciente la reputación internacional de la ganadería española". Ha apoyado al sector y ha apostado por dotarle de "más medidas" que favorezcan la transición ecológica, igual que se está haciendo con otros ámbitos.
La diputada de En Común-IU, Elena García, ha esgrimido que con un "simple análisis de texto" se puede comprobar que las declaraciones que se achacan a Garzón son un "bulo" y por eso ha pedido "no hacer demagogia" y centrar el debate en las macrogranjas y la contaminación del agua y del suelo por nitratos.
El diputado de VOX, Carlos Rodrigo, no ha hecho uso de la palabra y la diputada de Podemos-Equo, Susana Palomar, ha sostenido que esta moción se sustenta en una "mentira" con el objetivo de conseguir "rédito político", sin tener en cuenta si esta estrategia puede afectar "a la balanza exterior" y "menoscabar la democracia". Ha solicitado "escapar el ruido" y abordar de forma "seria" una cuestión que está presente en el debate internacional.
El presidente de la DPZ, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha cerrado las intervenciones y ha estimado que el PP ha impulsado una estrategia de "acoso y derribo" al Gobierno, que ya ha hecho una rectificación y "queda claro que apoya al sector", igual que el Gobierno de Aragón, que ha anunciado el impulso de una campaña para promocionar la carne de la comunidad autónoma.
RIADA DEL EBRO
Por otra parte, la portavoz del PP ha querido saber, en el apartado de ruegos y preguntas, por qué todavía no se han valorado los daños sufridos en la provincia a causa de la avenida extraordinaria del río Ebro del pasado mes de diciembre y las máquinas de la DPZ no han intervenido para realizar trabajos de restitución, como en las motas, necesarias para la crecida ordinaria que se prevé estos días.
El presidente de la DPZ ha indicado que la valoración de los daños es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Asimismo, ha contado que se está haciendo un seguimiento de la crecida actual y que se ha de actuar en estos casos en coordinación con otros organismos, a través del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).
"Estamos a lo que nos digan y siempre actuaremos con todos los medios a nuestro alcance, pero no puede ir cada institución por su cuenta", ha apuntado Sánchez Quero.
OTRAS CUESTIONES
En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado por unanimidad aceptar la delegación del Ayuntamiento de Calatayud del tratamiento de residuos a través del proyecto Ecoprovincia, servicio público impulsado por la propia DPZ para que los ayuntamientos puedan llevar sus basuras al vertedero de Zaragoza capital y cumplan así la directiva europea que les obliga a reciclar al menos el 50% de sus residuos.
Por ser Calatayud un municipio de más de 20.000 habitantes, la competencia del tratamiento de residuos corresponde al Ayuntamiento, que, para adherirse a Ecoprovincia, ha tenido que cedérsela a la DPZ.
Los otros 244 ayuntamientos que se han sumado Ecoprovincia --el 97% de los previstos-- tienen menos de 20.000 habitantes por lo que en ese caso la competencia ya era de la Diputación de Zaragoza y no ha sido necesario llevar la adhesión al pleno.
También se han desestimado las alegaciones formuladas por el sindicato Comisiones Obreras al presupuesto de la DPZ de 2022, lo que significa que ha quedado aprobado de manera definitiva y entrarán en vigor la semana que viene. PSOE, Cs, En Común-IU y Podemos han votado a favor de la desestimación, el PP se ha abstenido y VOX ha votado en contra. Sánchez Quero ha recordado que la cuestión está en los tribunales, que deberán decidir, tras no lograrse negociar un acuerdo.
