ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Vertebración del PP en las Cortes de Aragón, Joaquín Juste, ha alertado de la "preocupante" situación del sector del transporte por carretera tanto de viajeros como de mercancías, que puede poner en peligro la movilidad de muchos aragoneses, especialmente en el territorio. Por ello, ha defendido una propuesta en la comisión de Vertebración para que el Gobierno de Aragón tome medidas para ayudar a las empresas, que les permitan superar la "grave crisis" de costes que están sufriendo.
Tras la pandemia, el precio desorbitado de los carburantes y el incremento de los costes, el sector está en riesgo y la quiebra de estas empresas puede suponer "además de un problema económico y social, la merma de la movilidad y la vertebración, así como el acceso de muchos ciudadanos a productos y servicios básicos".
Juste ha recordado que el mapa concesional de transporte por carretera lleva caducado desde 2017, y "ahora que parece que tiene que echar a andar el nuevo el próximo 1 de enero nos podemos encontrar con que la situación de las empresas impida prestar el servicio".
Por todo ello, el portavoz popular de Vertebración ha defendido una iniciativa, que ha salido adelante tras aceptar una enmienda de los grupos que sostienen al gobierno, que pide la ejecución urgente de medias de apoyo para las empresas de transporte, que les permita superar los altos costes que están sufriendo.
Además, se insta al Gobierno de Aragón a ejecutar con celeridad los fondos de recuperación provenientes de la UE destinados a la digitalización de las empresas y mejora de las flotas.
MANTENIMIENTO PARADAS SERVICIO INTERURBANO
Por otra parte, Juste ha conseguido el respaldo de las Cortes para que el Gobierno de Aragón exija al Gobierno de España que el nuevo mapa concesional de los servicios de transporte público urbano mantenga todas las paradas existentes en la actualidad para el transporte regular de pasajeros por carretera.
Juste ha recordado que el nuevo diseño deja fuera a 151 municipios en Aragón, afectando a una población de 134.000 habitantes, "obligando en algunos casos a realizar más de 80 kilómetros adicionales para poder utilizar en autobús", una decisión que "castiga al territorio y que desde luego no frena la despoblación sino todo lo contrario, demostrando que este gobierno de España dice mucho de despoblación pero no hace nada y lo que hace, como en este caso, es perjudicial. Dicen una cosa y hacen siempre la contraria".
