PP, PAR y Cs cuestionan la utilidad de la comisión especial sobre el ICA si PSOE y Podemos están negociando su reforma

Olona este lunes en las Cortes de Aragón.
EUROPA PRESS
Publicado 17/09/2018 15:16:14CET

Olona pide terminar con los "equívocos" que han llevado a promover la insumisión fiscal, "algo inédito en esta Comunidad"

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP, Partido Aragonés (PAR) y Ciudadanos en las Cortes de Aragón han cuestionado este lunes la utilidad y el sentido de la comisión especial de estudio sobre la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) cuando los grupos de PSOE y Podemos están negociando su reforma y parece que el acuerdo está próximo.

Los portavoces de estos grupos, Ramón Celma (PP), Elena Allué (PAR) y Javier Martínez (Cs) han planteado si esta comisión podrá realizar sus trabajos y tener recorrido después de que este fin de semana hayan conocido por los medios de comunicación que ambos partidos están acercando posturas con un acuerdo "bastante perfilado" por el que el Ejecutivo autonómico podría asumir parte del impuesto para rebajar lo que se cobra a los contribuyentes.

El diputado del PP y portavoz en esta comisión, Ramón Celma, ha expresado sus dudas sobre la misma, mientras que el parlamentario popular, Antonio Suárez, ha abandonado el encuentro después de que la presidenta de este foro, Marta de Santos (Podemos), le haya negado el uso de la palabra.

"Es algo inusitado" que se impida hablar en una comisión especial a un diputado, ha aseverado, para afirmar tajante: "yo no soy un mueble que esté ahí, tengo derecho a participar en los debates", aunque la posición del grupo la deba marcar su portavoz, Ramón Celma.

En declaraciones a los medios, Suárez ha afirmado sentirse "indignado", porque tras 16 años en el parlamento "he formado parte de muchas comisiones y de muchas ponencias y esto es absolutamente inaudito, si hay dos miembros de un partido pueden hablar los dos, aunque la posición la marque siempre el portavoz. Con el nuevo estilo democrático se negocia en secreto y no se deja hablar a los diputados", ha sentenciado.

La diputada del PAR, Elena Allué, ha observado que en el parlamento "hay 28 leyes bloqueadas y son necesarias e imprescindibles para mejorar la vida de los aragoneses. Tenemos muchísimo trabajo como para perder el tiempo si ya hay un acuerdo o si se está negociando a puerta cerrada entre dos partidos".

Allué ha estimado que esta situación es parecida a la comisión sobre la reforma del impuesto de sucesiones, que quedó suspendida tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con los partidos de PP, Cs y PAR. "Si se va a ningunear el trabajo del resto de grupos y vamos a perder el tiempo no tiene sentido que esta comisión siga adelante", ha sostenido, criticando también que se "coarte" el turno de palabra de los diputados.

"NO TIENE SENTIDO"

El diputado de Cs, Javier Martínez, ha solicitado que la comisión se retrase hasta que los diputados tengan el texto del acuerdo entre PSOE y Podemos y ha criticado que "no tiene sentido" esta comisión si los grupos no pueden realizar aportaciones.

La portavoz del grupo Mixto, Patricia Luquin (IU), ha cuestionado el formato de estas comisiones, para desear que fueran públicas no solo las comparecencias sino también las respuestas de los grupos, mientras que la diputada del PSOE, Isabel García, ha pedido que se escuche al compareciente, el consejero Joaquín Olona, "por respeto".

La presidenta de la comisión, Marta de Santos, se ha mostrado convencida de que "el sentido de esta comisión sigue estando vigente" porque permite escuchar a los comparecientes y ha pedido que continúen los trabajos en este foro. "Sigue siendo importante y necesario que estas personas vengan a sede parlamentaria" y ha defendido que la solución a la reforma del ICA "será política sí o sí, porque esto es una sede política", acusando a los grupos de la derecha de querer "estropear la dinámica" de las intervenciones.

"EQUÍVOCOS"

En su comparecencia en este foro, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha pedido que esta comisión sirva para reflexionar sobre el papel del parlamento y el Gobierno en el establecimiento de tributos, para esclarecer la naturaleza, fundamento y regulación del ICA y terminar con los "equívocos que algunos han propiciado hasta llegar a promover la insumisión fiscal, algo inédito en la Comunidad".

Ha remarcado que, en relación con el ICA, "lo que está en juego es el buen estado ecológico de nuestros ríos". "No es un impuesto nuevo", sino que ha tenido veinte años de vigencia, si bien en la ciudad de Zaragoza su cobro se inició en 2016, normalizando así la situación "tras quince años de moratoria en Zaragoza".

Olona ha emplazado a seguir los principios fijados en el decálogo de la mesa técnica que el Gobierno promovió sobre la reforma del ICA, que establece criterios de progresividad en el pago y una tarifa social, insistiendo en que es un impuesto finalista, cuya recaudación repercute en mejoras en el ciclo del agua, que intenta cumplir con los principios de que "quien contamina paga" y de recuperación de costes y ha negado tajante que suponga una doble imposición para los zaragozanos, defendiendo la solidaridad en el pago con el conjunto de los aragoneses.

"Los zaragozanos pagan como el resto de los aragoneses; es cierto que pagaron su depuradora, pero desde 2002 no se les ha reclamado 444 millones" por el ICA, mientras que el resto de los ciudadanos han contribuido con 365 millones. Es rotundamente falso que suponga pagar dos veces por lo mismo", ha reiterado Olona, señalando que la cuestión es "qué grado de recuperación de costes se quiere tener" a través de este impuesto.

En esta misma comisión ha comparecido también el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno. Si bien ha advertido de que su departamento "no es el competente" en la reforma y gestión del ICA, ha observado que a este área le corresponde realizar el seguimiento de los recursos que se captan con este impuesto y comprobar "si se cubren o no los gastos a afrontar".

Ha detallado que la previsión es que este año "rondaremos los 68 millones de derechos reconocidos y en la recaudación se quedará algo por debajo de esas cifras". Ha agregado que ahora "se cubren ligeramente a la baja los gastos que existen" en cuanto a mantenimiento y explotación de instalaciones del ciclo del agua.