El PP pide al Gobierno de Aragón que resuelva en seis meses todos los expedientes con retraso del INAGA

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha reclamado al Ejecutivo autonómico, a través de una moción, que se marque un plazo no superior a los seis meses para resolver todos los expedientes que acumulan retraso en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

Además, solicita que se simplifique la tramitación y se cumplan los plazos marcados por la ley del INAGA, de un máximo de diez meses para resolver los asuntos que requieren de su autorización.

Así lo ha expuesto el portavoz de Medio Ambiente del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero, en rueda de prensa, donde ha subrayado que estas medidas "irán en beneficio del emprendimiento, del territorio y de los aragoneses", ya que, actualmente, hay 5.079 expedientes pendientes de resolver, frente a los 3.900 que había a principios de año. "No es admisible, no lo podemos permitir", ha enfatizado.

Romero ha lamentado la "nula", "nefasta", "estéril" y "torpe" gestión del Gobierno de Aragón en el INAGA, que cada vez recibe más expedientes, a pesar de lo cuál no se ha aumentado el personal, se ha reducido el presupuesto y también las externalizaciones que ayudaban a resolverlos, ha glosado.

El diputado del PP ha estimado que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, tras seis años al frente de este Departamento, debería de solucionar, "de una vez por todas", el retraso de los expedientes en el INAGA, ya que lo contrario supone "penalizar a muchos emprendedores que tienen sus expectativas de futuro" depositadas en esos proyectos pendientes de autorización, impedir "la creación de empleo" y "favorecer la despoblación".

"Ya vale de dejar pasar el tiempo", puesto que a pesar del "esfuerzo" de los funciones y trabajadores del instituto para "prestar un mejor servicio", éste "no está resultando ni ágil, ni eficaz por culpa del Gobierno de Aragón", que está "desincentivando las posibilidades de desarrollo de la comunidad autónoma y de los aragoneses se quedan en el territorio", ha manifestado Romero.

LASTRE

El parlamentario del PP ha contado que los expedientes que llegan al INAGA "se eternizan" en su resolución y "ponen en riesgo las inversiones, suponiendo un "lastre" para la economía de muchos hogares puesto que detrás de cada uno de ellos "hay personas, empresas, emprendedores" que ven "frustrado" su futuro y observan "con desasosiego que pasan los días y no les llega la autorización pertinente".

Romero ha puesto algunos ejemplos, como expedientes que llevan más de dos años fuera de plazo y siguen en el INAGA, o el caso de un ayuntamiento que recibió una subvención de la administración para arreglar un camino que transcurre por una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y "lleva casi un año esperando la respuesta".

"La administración concede la subvención", pero también es la que causa que la pueda perder porque "no contesta en plazo, es un sin sentido", ha opinado el parlamentario 'popular'.

Se ha referido también a como una solicitud ambiental integrada pedida para ampliar una explotación ganadera, presentada en marzo de 2020 y que atendió un requerimiento en septiembre de ese mismo año, tras un año y medio "sigue sin resolverse".

Romero ha dicho que hay ayuntamientos y emprendedores "que han tenido que renunciar a una subvención por llegar fuera de plazo las autorizaciones del INAGA" y personas que se han visto obligadas "a abandonar sus iniciativas antes de empezar". "No puede ser que se estén jugando con la ilusión de muchos emprendedores", ha afeado al Gobierno.

Ha añadido que el INAGA "no puede ser una barrera para el futuro de todas esas iniciativas", el Gobierno de Aragón "tiene que evitar que este problema se perpetúe en el tiempo" porque "dificulta la creación de empleo, la actividad económica y productiva y favorece el abandono del medio rural", ha incidido.

EN SENTIDO CONTRARIO

A su entender, el Ejecutivo autonómico va "en el sentido contrario al que debería", ya que según la propia ley del INAGA, se creó para ser "un instrumento de gestión ágil y eficaz para mejorar la prestación de los servicios" y lograr "una mayor eficiencia y eficacia en la gestión medioambiental".

"Hay que cumplir los plazos, no es de recibo que año tras año el número de expedientes siga creciendo", para considerar que si hay un problema con la normativa, "habrá que cambiarla, siempre estaremos a favor de mejorar la ley", pero, mientras tanto, "algo tendrá que hacer el Gobierno de Aragón".