El PP pide que el Gobierno de España asuma las consecuencias económicas y sociales de la regularización masiva de inmigr

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá en el pleno de junio una moción para exigir al Gobierno de España que asuma las consecuencias económicas y sociales derivadas del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes aprobado por el Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez.

La concejal 'popular' Marian Orós ha alertado de que el Gobierno central ha vuelto a actuar "desde la improvisación y sin evaluar el impacto real de sus decisiones sobre comunidades autónomas y ayuntamientos", trasladando a otras administraciones competencias, costes y responsabilidades sin la financiación necesaria.

Como consecuencia de este proceso, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha visto obligado a habilitar un sistema específico para tramitar miles de solicitudes relacionadas con la regularización extraordinaria. Solo en el Área de Políticas Sociales, los costes de personal ya superan los 150.000 euros, una cantidad que el Consistorio de Zaragoza ha tenido que asumir sin recibir compensación alguna por parte del Gobierno español.

"Mientras el Gobierno de España ha cobrado tasas a quienes han participado en este proceso, son los ayuntamientos quienes están soportando la carga administrativa y económica derivada de una decisión unilateral del Ejecutivo", ha comparado Orós.

En rueda de prensa, también ha criticado la falta de información y transparencia por parte del Gobierno central porque "no existen datos oficiales" sobre el alcance real del proceso ni sobre las necesidades que generará en materia de vivienda, inclusión social, empleo o atención social. En Zaragoza se estima que unas 18.000 personas han solicitado acogerse a esta regularización y una parte muy importante de ellas se encuentra en situación de vulnerabilidad.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Además, el PP ha avisado de las consecuencias que tendrá para las personas acogidas al sistema de protección internacional. La normativa nacional obliga a quienes obtengan la regularización administrativa a renunciar a su solicitud de asilo, lo que puede provocar la pérdida de recursos habitacionales y programas de acompañamiento financiados por el Gobierno de España. Según las estimaciones disponibles, más de 300 personas podrían verse afectadas en Zaragoza, ha calculado Orós.

Por todo ello, la moción del grupo municipal 'popular' reclama al Gobierno de España una evaluación integral del impacto de este proceso, la creación de un fondo extraordinario para compensar a las administraciones territoriales, la garantía de continuidad de los recursos para las personas vulnerables y la puesta en marcha de mecanismos permanentes de coordinación entre todas las administraciones implicadas.

Asimismo, el PP de Zaragoza rechaza la política migratoria del Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez y reclama una estrategia basada en la inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, la integración efectiva y el respeto a la legalidad, evitando medidas improvisadas que generen nuevas situaciones de irregularidad y mayores costes para los servicios públicos.

"El Gobierno no puede seguir aprobando medidas sin memoria económica ni planificación y dejar que sean los ayuntamientos quienes den respuesta a los problemas que genera. Exigimos responsabilidad, recursos y coordinación", ha concluido Orós.