ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha rechazado este lunes la creación de la Agencia de Integridad y Ética Pública, "un comisariado político" que contempla el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Javier Lambán para garantizar la ética en el sector público, cuya tramitación parlamentaria comenzará en breve.
En rueda de prensa, Marian Orós ha afirmado que "ya existen suficientes organismos que regulan lo que la agencia se quiere atribuir", en alusión expresa a la Cámara de Cuencas, el Justicia de Aragón, la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la Fiscalía y la Policía Judicial. Además, ha dicho que esta es una ley "tuti-fruti" mediante la que se reformarán cinco normas ya vigentes.
"Aragón no necesita una pseudopolicía a la medida de Lambán para controlar a políticos, funcionarios y ciudadanos", ha proclamado Orós, quien ha pedido al Ejecutivo que retire esta parte de la ley --no todo el proyecto legislativo-- por "sectaria".
A su juicio, con un "sugerente" título, este proyecto de ley pretende "camuflar un nuevo ente innecesario y sectario" que hará las veces de "brigada parapolicial" y en el que se advierte un "tic totalitario que nos chirría", señalando que esta agencia estará reconocida como autoridad y "con metáforas", la iniciativa legislativa establece que podrá interrogar y registrar oficinas sin autorización judicial. Se ha preguntado por qué este ente podrá determinar si una denuncia se ha hecho de buena o mala fe.
Marian Orós ha aseverado que se va a poner en marcha una estructura situada "a medio camino entre la Stasi y la Brigada Político-social de la dictadura", remitiéndose al artículo 15 del Capítulo II, según el cual la agencia "puede acceder a cualquier información que se halle en poder de las personas sujetas a su ámbito de actuación".
El director, subdirector de investigación o el personal funcionario designado podrá personarse en cualquier oficina o dependencia del sector público para solicitar información, efectuar comprobaciones in situ y examinar los documentos, expedientes, libros, registros, contabilidad y bases de datos, así como efectuar las entrevistas personales "que se consideren convenientes", dispone el texto sometido a tramitación parlamentaria.
La portavoz adjunta del PP ha considerado que si el Gobierno quiere "combatir" la corrupción realmente debería haber planteado, como propuso el PP, poner en marcha una comisión de estudio en las Cortes para "hacer una reflexión profunda" sobre asuntos como el número de consejeros comarcales y los aforamientos. Ha recordado que el anterior Gobierno (PP-PAR) ya empezó a trabajar en esta materia y denunció el caso Plaza.
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