El PSOE pide al Gobierno de Zaragoza que deje el "discurso apocalíptico" y busque soluciones al pago de sentencias firme

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha pedido a la consejera municipal de Presidencia, Economía y Hacienda, María Navarro, que abandone el "discurso apocalíptico" y busque soluciones a las sentencias judiciales firmes que condenan al consistorio al pago de, al menos, 35 millones de euros por revisiones de precios, intereses de demora y expropiaciones.

De los 35 millones de euros, 17 millones de euros corresponden a las revisiones de precios de la contrata del servicio de autobús de entre los años 2009 y 2013; 8,3 millones también son de revisiones de precios de la contrata de parques y jardines que gestiona FCC y corresponden al mismo periodo, y el resto obedecen al servicio de grúa, a expropiaciones como la del corredor verde, e intereses de demora.

Estas sentencias judiciales dictadas por el Tribunal Supremo confirman el criterio favorable a las empresas contratistas dictado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Horacio Royo ha pedido que, además de acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE) para el pago de las sentencias firmes, el Gobierno del PP-Ciudadanos "debería negociar con las contratas" las revisiones de precios de entre los años 2014-2018.

"María Navarro tiene que dejar de buscar culpables y asumir que es Gobierno para tomar decisiones en lugar de dar una patada hacia adelante".

Horacio Royo ha avanzado que el PSOE le trasladará esta petición a la titular de Presidencia, Economía y Hacienda en alguna iniciativa que presentarán en septiembre. Asimismo, ha pedido conocer la cantidad que se puede pedir al Plan Impulso puesto que está limitado en función de la deuda. "Confiamos en que nos lo cuente antes de enterarnos por los medios de comunicación", ha esgrimido.

SENTENCIAS CONTRADICTORIAS

En rueda de prensa, el concejal socialista ha recordado que ha habido sentencias "contradictorias" sobre FCC y Tuzsa cuando en su día se reconoció el criterio del Ayuntamiento, que suponía un ahorro de 35 millones de euros, pero en recursos posteriores de las contratas se les dio la razón a las empresas. "La obligación del Ayuntamiento era recurrir para defender los intereses de todos los ciudadanos", ha opinado.

"Sorprende que este gobierno hace lo mismo que hizo ZeC al acudir al argumento de dar una patada hacia adelante, aunque luego en el anterior mandato se optó por defender intereses municipales ante los tribunales", ha planteado.

Según Horacio Royo, el Gobierno municipal "alimenta el discurso apocalíptico de que el Ayuntamiento está en colapso", pero ha aseverado que "es falso porque está en su mano la forma de afrontar la situación".

El concejal del PSOE ha precisado que no le interesan los "lamentos", sino saber qué va a hacer el Gobierno antes estas sentencias judiciales firmes --que ha dicho no compartir-- y los instrumentos que se pondrán en marcha sin hipotecar las inversiones municipales.

"Queremos saber si se plantean negociar con las empresas para diferir los pagos sin que se provoque una situación de impacto puntual en las cuentas municipales", ha expuesto.

Ha añadido: "Queremos escuchar esto y no estamos interesados en la permanente tortícolis del Gobierno porque en función de las propuestas, en septiembre plantearemos alguna iniciativa para forzarle a que cuente cómo va a solucionar este problema".