Rechazada la propuesta de CHA para impedir que cargos públicos con imputaciones graves puedan ejercer

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Aragón rechazó hoy la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo objetivo era que se pudiera suspender de empleo o cargo público a aquellas personas con imputaciones graves en un proceso judicial.

La iniciativa, presentada por Chunta Aragonesista (CHA), fue votada en contra por Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP) y Partido Aragonés (PP), que sumaron 56 votos, y a favor por CHA e Izquierda Unida (IU), que sumaron cinco votos.

La diputada de CHA, Nieves Ibeas, explicó que el objetivo de esta iniciativa era "aprovechar cualquier resquicio en contra de la corrupción", dando a los jueces un "instrumento" para que "puedan apartar a los corruptos", y así "devolver la dignidad pública a la actividad política", porque "unos cuantos ejemplos deleznables no deben empañar el excelente trabajo realizado por la mayoría de los cargos públicos".

La parlamentaria lamentó que los grupos que rechazaron su propuesta "no la hayan entendido o se hayan preocupado más por cubrir no sé qué tipo de intereses" y opinó que si bien todos "compartimos la preocupación por la corrupción", en el caso de quienes han votado en contra, la comparten "hasta un límite".

Ibeas aseguró que los ciudadanos "piden más que una declaración expresa de condenan", piden "hechos" y argumentó que igual que se puede privar de libertad de forma provisional a una persona en un proceso judicial y "no se vulnera la presunción de inocencia", lo mismo ocurriría en este caso "para proteger el interés general", y recordó que pedía esta medida para imputaciones "graves".

Concluyó al señalar que si bien "todo el mundo se lamenta y se rasga las vestiduras" ante casos concretos, como el del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, continúa al frente del consistorio a pesar de estar imputada por varios delitos, hoy algunos grupos "se han andado con medidas tintas".

ANÁLISIS SERIO

El diputado del PSOE, Manuel Lana, aseguró que entendía y compartía "la inquietud de adoptar soluciones y medidas que contribuyan a erradicar estas prácticas, que tanto daño reportan al orden democrático de nuestra Comunidad autónoma", pero apostó por un "análisis serio", en el que participen todas las administraciones, para "estudiar todas las alternativas" y determinar "qué se debe modificar".

La diputada del PP, Yolanda Vallés, opinó que la iniciativa de CHA era un "brindis al sol", que "no solucionaría el problema" ya que "no se ajusta ni al ordenamiento, ni a la doctrina" existente puesto que "va contra la presunción de inocencia y contra la garantía del derecho de representación como cargo público", protegida esta última especialmente para evitar que las causas judiciales "se usen como instrumentos políticos".

Añadió que para modificar la ley de enjuiciamiento civil, primero hay que cambiar el Código Penal, y en este marco su grupo en el Congreso está "solicitando el incremento de penas" de este tipo de delitos "como media disuasoria de su comisión", entre otras cosas.

El diputado del PAR, Miguel Ferrer, precisó que la propuesta de CHA violentaría el principio de presunción de inocencia y recordó que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados está debatiendo la cuestión y "todos los grupos se muestran en contra" de medidas como la debatida hoy, para apuntar que "no hay que legislar a la ligera por cuestiones de oportunidad política".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, comentó que en un Estado de Derecho, "cuando surgen casos de corrupción, todos los grupos y partidos los condenamos" porque "somos conscientes de que dañan la credibilidad de las instituciones y socavan las bases del sistema democrático, dando pábulo a esa afirmación injusta del 'todos son iguales'", si bien luego no se coincide a la hora de tomar medidas. Agregó que, además, los "corruptos y los corruptores", no sólo dañan la política, sino también la economía "al incrementar precios, alimentar el déficit público, falsear la competencia, desincentivar al contribuyente honrado", algo que estimó que ha sido favorecido por un modelo productivo y financiero que habría que reformar.

TRIBUNAL DE CUENTAS

En otro orden de cosas, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy los dictámenes de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre la rendición de cuentas de la Diputación General de Aragón de los ejercicios presupuestarios de 2001, 2002 y 2003, y a los informes correspondientes del Tribunal de Cuentas.

Los informes recibieron el voto a favor de los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR, así como de IU, en contra del PP y la abstención de CHA.