Sánchez Quero (DPZ) defiende la legalidad de los contratos con Sumelzo SA tras la querella de Vox

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha defendido que todos los contratos adjudicados por la institución que ha cuestionado Vox, en referencia a los relacionados con la empresa Sumelzo SA, se han realizado "siguiendo criterios objetivos".

Vox anunció este jueves que había presentado una querella contra los administradores solidarios de esta empresa al detectar "múltiples irregularidades" en la adjudicación de 55 contratos públicos con instituciones gobernadas por el PSOE, entre ellas la DPZ.

Sánchez Quero ha asegurado que "todas las obras adjudicadas a dicha empresa se han ajustado estrictamente a los criterios legalmente establecidos y que dichas obras se han ajustado a los proyectos de referencia en tiempo y precio".

Del mismo modo, el presidente provincial ha insistido en que en todos los contratos que la DPZ ha realizado con dicha empresa "el precio ha sido el elemento determinante de la adjudicación" y ha puntualizado que en todos los casos en los que ha resultado adjudicataria "siempre ha sido la oferta económica más ventajosa y con mejor valoración".

"Todas las obras adjudicadas a dicha empresa se han ajustado estrictamente a los proyectos de referencia en tiempo y precio", ha recalcado Sánchez Quero, quien ha añadido que "todos los expedientes administrativos que se han tramitado al respecto han sido suscritos por los técnicos competentes de la Diputación de Zaragoza, informados por los órganos preceptivos y fiscalizados por la Intervención General, cumpliendo en todo caso y sin excepción con la Ley de Contratos del Sector Público".

Asimismo, ha reiterado que la DPZ "tiene a disposición de cualquier interesado a través del procedimiento de transparencia cualquier documentación que estime oportuna" y ha asegurado que tanto él como la vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero, también alcaldesa de Ejea de los Caballeros, se reservan la posibilidad de emprender acciones legales "en defensa de su honor y para proteger la imagen institucional".

Por último, ha exigido "respeto a la institución y a todos los empleados públicos que redactan los proyectos e informes y participan en la tramitación de los expedientes de contratación".