Susín calcula que con la ayuda del Gobierno de España los 251 menores de Canarias podrán ser atendidos 90 días

ZARAGOZA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón calcula que con la ayuda de más de 3 millones de euros recogida en el Real Decreto Ley de reparto de menores migrantes no acompañados actualmente en Canarias, la Administración autonómica podrá atender a los 251 que vendrán a Aragón solamente durante 90 días, ha afirmado este miércoles la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha apuntado que hasta ahora, cuando las comunidades autónomas acogían de forma voluntaria menores no acompañados el Gobierno de España abonaba 145 euros al día, pagando el coste de un año de una vez, pero el Real Decreto Ley prevé un coste de 35 euros al día por cada uno de los 251 menores provenientes de Canarias más "una cantidad ínfima" de 300.000 euros al reconocer el Ejecutivo central "la sobresaturación" de los servicios de protección de menores de Aragón.

"Hemos preguntado al Ministerio --de Infancia y Juventud-- cómo se ha calculado puesto que no somos capaces de encontrar un cálculo coherente en ese cuadro", ha indicado Susín, quien además ha comentado que el precio de cada plaza es diferente en función del tipo de centro.

El Ejecutivo aragonés ha recurrido el Real Decreto y ha requerido todos los informes, incluido el dictamen del Consejo de Estado que acompaña al texto legal. "Seguiremos trabajando para que se llegue a un acuerdo y se hagan las cosas bien, sin invadir competencias autonómicas", ha continuado la consejera, para quien este reparto tiene "el único objetivo de dividir a las comunidades y favorecer el interés de Pedro Sánchez".

MASÍA LA ROYA

Carmen Susín ha aludido también al incendio del centro de acogida de menores de la ciudad de Teruel, conocido como Masía La Roya, reiterando que "la investigación policial ha determinado que el incendio fue provocado por un menor residente" y que la Fiscalía ya ha establecido medidas de internamiento en régimen cerrado hasta la celebración del juicio.

El menor llevaba en Aragón desde el mes de mayo y la Administración aragonesa había pedido a Cataluña, de donde provenía, que lo recogiera, pero "no mostraron su disposición a trasladarse a Teruel".

Cuando se dicte sentencia, la Diputación General de Aragón requerirá a la Generalitat de Cataluña que este menor cumpla su condena en un centro de reforma de aquella comunidad y que el Gobierno de Cataluña sufrague los gastos de readecuación del centro de menores de Teruel y pague la responsabilidad civil si hay sentencia condenatoria.

El Gobierno de Aragón solo tenía la guarda del menor, no la tutela, ha recalcado Susín, quien ha añadido: "Esto evidencia que los menores no solo vienen de Canarias, sino que vienen de muchas formas, entran viajando con sus propias familias, que les dejan a cargo del Servicio de Protección de Menores, e incluso se escapan de unas comunidades a otras".

DIFERENTES PERFILES

La titular de Bienestar Social ha criticado "la política de puertas abiertas, que está generando un efecto llamada que no solo hace que estos chavales se jueguen la vida en el mar, sino que está desbordando los sistemas de protección de las comunidades autónomas", añadiendo que hay diferentes perfiles, ya que unos necesitan protección por circunstancias familiares o personales y otros requieren "un proceso de reforma".

"Es un problema que ha generado el Gobierno de España, que está jugando deliberadamente con el efecto llamada para crear malestar social y lo debe solucionar el Gobierno de España haciéndose cargo de esos menores". "Las comunidades autónomas no están preparadas para trabajar con ese perfil de chavales".

"Estos menores, salvo que estén en un proceso de reforma por medida judicial, viven en centros abiertos y la mayoría convive con normalidad: Son sus hogares, acuden a sus centros escolares, entran y salen, se mueven, deciden ir a otra comunidad y muchas veces la guarda la tiene otro Gobierno".

Además, "hay determinado tipo de menores con trastornos de conducta o problemas añadidos y es complejo que convivan en un centro de protección normal".

También ha dicho que la Ley de Infancia y Adolescencia nacional "es proteccionista y no responde ahora a las necesidades que podemos tener en determinados perfiles de menores", añadiendo que "la justicia actúa en función de una ley proteccionista y muchas veces es complejo que un menor entre en reforma".