ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Aragón ha reclamado que se cambien los ratios de personal establecidos en las residencias de mayores concertadas, al considerar que es necesario aumentar el número de trabajadores requerido por ley en estos centros.
Así lo ha indicado la secretaria general de FSP de UGT-Aragón, Alicia Hernández, acompañada por la secretaria del Sector de Servicios Sociales del sindicato en la Comunidad, Angélica Mazo, en una rueda de prensa este jueves en Zaragoza con motivo de la presentación del informe sobre 'Residencias y Centros de Día de Mayores entre el periodo 2011-2015 en Aragón'.
El sindicato considera que en atención directa de gerocultores y auxiliares debería rondar la ratio en 0,33 ó 0,34 trabajadores por asistido, pero "con un control añadido", es decir, que todo trabajador que coja una baja sea sustituido y estas sustituciones no se contabilicen dentro de la ratio como dos empleados, "que es algo que suelen hacer las empresas".
Alicia Hernández ha reconocido que no todas las empresas gestionan de igual forma, pero ha precisado que la normativa mínima vigente "ampara" a las que realizan "prácticas negativas".
ACUERDO MARCO
La concertación de plazas en centros residenciales para las personas en situación de dependencia en Aragón se realiza mediante Acuerdo Marco de la Administración autonómica.
Alicia Hernández ha valorado que la especificación del ratio de personal de atención directa en el Acuerdo Marco 2010-2014 supuso un avance en el camino hacia la mejora de las condiciones laborales del sector. Sin embargo, ha tenido lagunas en su aplicación, como la carencia de inspecciones y controles por parte de la Administración.
En cuanto al Acuerdo marco 2015-2018 ha supuesto volver a la ratio del Decreto 111/1992 en los centros con plazas concertadas con la Administración lo que implica, según el sindicato, un detrimento en la calidad del servicio.
Este acuerdo, establece un cómputo de ratio global sin diferenciar entre categorías ni entre personal de atención directa e indirecta, lo que provoca la posibilidad de despidos ante la mejor exigencia de personal respecto al anterior convenio. Los ratios son de 0,25, 0,30 y 0,35 dependiendo de la calificación de la residencia.
NUEVA NORMATIVA
El sindicato ha insistido en la necesidad de un nuevo decreto o normativa que sustituya las exigencias mínimas de personal en este tipo de centros residenciales.
"La normativa actual se realizó en un momento en el que empezaban a crearse las primeras residencias o centros de día en Aragón hace más de 20 años. Es inadmisible seguir por más tiempo bajo un marco legal obsoleto", ha considerado Alicia Hernández.
Además, ha remarcado que las diferencias en las exigencias de personal entre los acuerdos marco 2010-2014 y 2015-2018 han supuesto inexplicablemente que lo conseguido tras años de reivindicaciones haya desaparecido, como si nunca hubiera existido.
REBAJAS "MILLONARIAS"
La secretaria del Sector de Servicios Sociales de UGT-Aragón, Angélica Mazo, ha criticado algunas de las licitaciones que se han realizado en el periodo 2011-2015, en sus pliegos de condiciones se ha permitido que las empresas realicen rebajas "millonarias" de precios para obtener la gestión de los centros. "Una práctica que ya está teniendo consecuencias directas e indirectas sobre los trabajadores".
Ha precisado que en lo que respecta a los contratos de gestión de servicios públicos, este periodo 2011-2015 se ha caracterizado por dos concesiones: la del Centro de día y residencia de Utebo y de la Residencia de Movera.
"Ambas licitaciones con partidas económicas importantes para la Administración que han sido adjudicadas por un precio significativamente más bajo que el precio inicial", ha enfatizado.
Entre las consecuencias directas de estas rebajas en las gestiones, ha citado que "no es difícil imaginar que una adjudicataria quiera mantener un amplio margen de beneficio empresarial e irremediablemente tenga efectos sobre la gestión laboral".
Respecto a las indirectas, ha mencionado que las empresas que participan en las licitaciones también son miembros de las patronales con las que, posteriormente, los sindicatos negocian el Convenio Colectivo. "Allí, nos encontramos con planteamientos empresariales contrarios a mejorar tanto los salarios como el resto de condiciones".
Ha apuntado que la Responsabilidad Social Corporativa debería ser tenida en cuenta tanto en los acuerdos marco como en los contratos de gestión de Servicios Públicos, algo que ha señalado que no está ocurriendo.
FSP-UGT Aragón plantea la necesidad de dar un respaldo desde las políticas sociales y laborales a un sector que ha sido "castigado injustamente" por políticas de austeridad e indiferencia al conjunto de los trabajadores del ámbito de la Dependencia.
PRECARIEDAD LABORAL
El periodo 2011-2015, analizado por el informe, se ha caracterizado por un aumento generalizado de la precariedad laboral, independientemente del tipo de gestión de la residencia; privada, concertada o contrato de gestión.
La pérdida de empleo ha afectado también a las residencias de gestión privada, el informe de UGT señala que, durante el periodo 2011-2015, los centros de 15 a 50 plazas han descendido en porcentaje de ocupación un 10 por ciento y en trabajadores indefinidos un 12 por ciento.
Algo similar ocurre con los que tienen entre 50 y 100 plazas, con una caída de plazas ocupadas del 8 por ciento y de trabajadores indefinidos del 10 por ciento, y en centros de más de 100 plazas, con bajadas de 7 y 8 por ciento en ocupación y empleados.
Según el sindicato, en 2010 el porcentaje de contratos indefinidos era alrededor del 90 por ciento, mientras que en 2015 se encuentra en el mínimo exigido por el Convenio Colectivo, 80 por ciento.
PLAN DE INSPECCIONES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Respecto al Plan de Inspecciones en Residencias realizado por al Gobierno de Aragón, puesto en marcha después de la tragedia del incendio de la residencia de Santa Fe (Zaragoza) el pasado mes de julio, en la que murieron ocho personas, que ha supuesto que se vayan a cerrar una serie de centros, Alicia Hernández ha subrayado que la Administración "se ha dormido mucho en los laureles".
"En la Comunidad autónoma hay muchas residencias que no cumplen con los requisitos de infraestructuras y hace tiempo que deberían haber cerrado", ha comentado.
En este punto, ha mostrado su preocupación laboral por los trabajadores que se queden sin empleo como consecuencia de que algunos centros se cierren, pero ha recordado que esos centros que se clausurarán tendrán "plantillas en mínimos, con la familia que la gestiona y dos o tres trabajadores".
