ZARAGOZA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha criticado la inoperancia por parte del área de Acción Social para detectar, notificar y valorar las situaciones de riesgo de desprotección de menores en la ciudad de Zaragoza durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Broto ha lamentado que desde este servicio, su responsable el consejero municipal de Servicios Sociales y Familia, Ángel Lorén, "no haya dado ninguna instrucción específica a los profesionales para dar respuesta a estas situaciones y que, más aún, se hayan tomado decisiones que han incrementado la indefensión de los menores".
Broto ha asegurado que "cada vez que se ha solicitado realizar
entrevistas presenciales y/o visitas domiciliarias se ha denegado por
parte del servicio, aún correspondiendo a situaciones absolutamente
desconocidas por los Centros Municipales de Servicios Sociales".
En este sentido, Broto ha afirmado que resulta "imposible" hacer
una valoración adecuada de la existencia del riesgo de malos tratos sin
mantener entrevistas en profundidad con cada uno de los miembros de las
familias, con los niños y niñas afectados, sin conocer el domicilio y las
condiciones en que esos niños se desarrollan".
Ha recordado que los propios protocolos municipales exigen la obligatoriedad de estudiar todas las notificaciones de menores por parte del equipo de menores. Para ello se establecen entrevistas familiares, de exploración psicológica con los y las menores y visitas domiciliarias.
PÉRDIDA DE VISIBILIDAD
En el ámbito de la infancia, en la capital aragonesa, así como en otras ciudades, se ha producido un incremento del riesgo de desprotección y malos tratos durante el confinamiento, ha asegurado ZeC en una nota de prensa.
Al aumento de las situaciones de estrés que pueden desembocar en estas situaciones se une, en el caso de los niños y niñas, a una pérdida total de visibilidad que impiden detectarlas, ha explicado Broto en una pregunta realizada en la Comisión del Área de Servicios Sociales.
"Por eso hubiera sido importante establecer protocolos específicos dirigidos a los y las profesionales de los centros municipales de servicios sociales; y nos consta que no ha sido así".
Broto ha pedido explicaciones a Lorén, "ante la gravedad de las manifestaciones que los psicólogos, trabajadores sociales y educadores
sociales responsables de este programa de los Centros Municipales de
Servicios Sociales están haciendo llegar".
"Nos hablan de la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo necesario desde el Programa de Detección, Notificación y Valoración de Situaciones de Riesgo de Malos Tratos y Desprotección de Menores", una competencia municipal, ha apostillado.
LOS EQUIPOS DEJARON DE FUNCIONAR PARA ATENDER LA LÍNEA 900
En este sentido, ZeC ha criticado que los equipos de los centros encargados de esta tarea fueron disgregados y "dejaron de funcionar como
tales" durante la pandemia, para atender la demanda generada desde la línea 900, de forma que profesionales especializados en la valoración de
menores estuvieron atendiendo las llamadas derivadas de esta línea.
Además, la decisión de cerrar los centros municipales de servicios sociales, la desaparición de los equipos de trabajo en los territorios y la imposibilidad de contactar con los profesionales de referencia, "rompió todo contacto con los colegios, los centros de salud y los centros de tiempo libre", agentes fundamentales en este seguimiento, ha detallado Broto.
En este sentido, ZeC ha asegurado haber detectado "multitud" de
notificaciones sin poderse atender. "Nos hablan de la prohibición expresa
por parte del servicio de realizar entrevistas presenciales con las familias pese a pedirlas y fundamentarlas".
Broto ha contado que se trata de "vecinos que denuncian golpes, gritos de niños en domicilios; de profesores que notifican los malos tratos que los niños les hacen llegar ocultos a través de sus deberes, de situaciones que involucran a niños y niñas de 6-8 años, de embarazos adolescentes, o de niños de tres años con riesgo de quedarse en la calle".
Son situaciones de riesgo de desprotección que "necesitan ser valoradas con rapidez y seriedad y para los cuales plantear que se atiendan y resuelvan telefónicamente es de una irresponsabilidad absoluta", ha concluido Broto.
