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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sector pesquero afectado por las posibilidades de captura de jurel para 2023 y la Consellería do Mar han acordado plantear un paro biológico voluntario y el reparto de la cuota asignada en función de la dependencia de cada buque de esta especie.
También, por unanimidad, han decidido pedir al Instituto Español de Oceanografía (IOE) un estudio para actualizar la situación del recurso, según han destacado tanto la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, como el presidente de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez.
Y es que Quintana ha asistido este lunes a la comisión sectorial del cerco del Consello Galego de Pesca para analizar el resultado de las negociaciones de los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para 2023.
En ese encuentro, en el que también participó el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, la Xunta y los distintos representantes de la flota de cerco de Galicia "constataron la necesidad de que España adopte medidas para garantizar la viabilidad del sector ante el recorte de las posibilidades de pesca de jurel en el Cantábrico y aguas de Gran Sol", destaca Mar en un comunicado de prensa.
El acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea establece para el próximo año una cuota de esta especie en los caladeros del norte de 15.000 toneladas, de las que apenas 3.200 corresponden a España y condicionadas a la pesca accesoria.
Este hecho --el de no poder hacer pesca dirigida entre Fisterra y el golfo de Vizcaya-- complica en gran medida la actividad de los casi 150 cerqueros con los que cuenta Galicia ya que no se aprobaron flexibilidades interanuales en las posibilidades de captura ni aumento en los intercambios entre las zonas IXa --de Fisterra hacia el sur-- y VIIIc, de Fisterra hacia el norte.
Ante esta situación, las partes coincidieron, según la consellería, en "la necesidad de que el Gobierno central estudie medidas como una posible parada biológica para las flotas del Cantábrico --Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco-- y la habilitación de las correspondientes ayudas con el objetivo de que su actividad pueda ser rentable".
Mar apunta que "a mayores tanto la Xunta como el sector apostaron por que España negocie con Portugal una gestión de la sardina en aguas ibéricas que permita incrementar en buena medida las capturas una vez que los últimos informes científicos sobre el estado biológico de esta especie constataron que se encuentra totalmente recuperada".
"LA MEJOR GESTIÓN POSIBLE"
En busca de "la mejor gestión posible", Quintana, en declaraciones a los periodistas tras la reunión, ha constatado que existen "muchísimas dificultades para hacer una extracción de ese jurel de forma accesoria", pero ha añadido que "sería un error no poder capturar" las toneladas aprobadas.
Así, ha indicado que "se está planteando buscar una posibilidad asignando cuotas por dependencia a cada tipo de buque como complementaria a su actividad", que se solicitará "una evaluación de cómo está el stock en el Cantábrico" y también "una mayor flexibilidad de intercambio de cuotas".
La "posibilidad de ir a un paro biológico que pueda ser voluntario" se plantea para "dos-tres meses", ha dicho, "periodo que estaría condicionado a los estudios del IEO", que quieren que precise la época en que mejor venga realizarla.
De este modo, lo que se pretende es "mantener la actividad lo máximo posible, no dejar esas 3.200 toneladas sin extraer y buscar una solución económica a los pescadores que por desgracia van a ver dificultado el año 2023".
Por parte del sector, José Antonio Pérez ha agregado que la idea es "hacer un paro biológico pero voluntario y que sea rotativo", además de precisar que el estudio de la dependencia que cada barco tiene del jurel lo hará el propio sector.