Coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización agraria Unión Rural Asturiana (URA) y ha declarado nulas las resoluciones de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que imponían una comisión gestora en el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictamina que la intervención del Principado supuso una vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de autoorganización, ya que el propio Consejo Regulador se encontraba en vías de solucionar su proceso electoral de manera interna. Asimismo, impone las costas judiciales a la Administración autonómica demandada.
La Sala del TSJA fundamenta su fallo recordando que, según la Ley de Calidad Alimentaria de Asturias y el Reglamento de la Unión Europea, los Consejos Reguladores son figuras de gestión con personalidad jurídica propia, autonomía financiera y "naturaleza netamente privada". El tribunal subraya que se trata de "corporaciones sectoriales de base privada" que solo ejercen funciones públicas en casos muy tasados y concretos (como el control de registros oficiales).
El fallo recoge que la imposición de una gestora por parte de la Administración tiene un carácter "rigurosamente excepcional" que en este caso carecía de justificación, dado que los operadores de la IGP ya habían diseñado una solución interna para celebrar los comicios en septiembre.
URA celebra lo que considera "una victoria de la legalidad y de la democracia interna frente a un intento de control político". Desde el sindicato denuncian que la Consejería actuó con "arbitrariedad", invadiendo competencias y vulnerando la independencia de la entidad.
"Esta sentencia demuestra que las instituciones no pueden utilizarse para intervenir entidades independientes ni para alterar procesos democráticos internos por intereses políticos", ha censurado la organización agraria. Por todo ello, URA ha reclamado responsabilidades políticas urgentes y la dimisión en cadena de todos los cargos de la Consejería que participaron o avalaron la resolución judicialmente anulada.