La portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Melania Álvarez - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo
OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez, asegura que "todas las personas seguirán cobrando el Salario Social Básico hasta que se resuelva el paso de su expediente al Ingreso Mínimo Vital".
"Las ayudas económicas de las personas vulnerables están garantizadas en todo momento", añade la también portavoz del Gobierno asturiano después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, haya rechazado el proceso de trasvase de perceptores desde el Salario Social iniciado hace meses por el Ejecutivo autonómico.
Ante esta situación, el Gobierno de Asturias recomienda a todas aquellas personas que habían presentado su consentimiento para tramitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "que soliciten esta prestación directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)".
"Por motivos de prudencia y seguridad jurídica, pedimos a todas estas personas que soliciten la ayuda de forma presencial en las oficinas de la Seguridad Social o a través de la vía telemática, al mismo tiempo que seguimos trabajando para facilitar el trasvase automático. Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar les seguiremos prestando apoyo en sus gestiones, ya que en su día cumplieron con la obligación de solicitar el IMV", dice Melania Álvarez.
RECHAZO DEL INSS
Desde el Principado señalan que "tras la modificación del RD ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital que entró en vigor el 23 de septiembre, ocho días después del envío de las solicitudes enviadas por el Principado en los que figuraban los datos de 9.000 unidades de convivencia potenciales beneficiarias del IMV, éstas fueron rechazadas por el INSS", apuntan desde el Principado.
Además, indican que "con carácter previo a la aprobación del IMV, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar propuso al Ministerio la creación de un sistema de pasarelas que permitiera a las comunidades, en función de las características de su renta mínima -en el caso de Asturias, del Salario Social Básico- articular un régimen transitorio de intercambio de datos, que en el caso del Principado podría ser automático, y que permitiera a las personas que perciben el salario social pasar directamente a ser beneficiarias del ingreso mínimo".
"Si bien esta propuesta no fue incluida en el RD ley 20/2020, sí se incluyó una vía alternativa de presentación de solicitudes a través de las CCAA, que fue puesta en marcha por el Principado", con el objetivo de "facilitar a las personas la solicitud del ingreso mínimo y simplificarles todas las gestiones pertinentes, en un contexto de crisis social y económica sin precedentes y con la actividad de las oficinas del INSS suspendida".
El Gobierno recuerda que en el mes de julio la Consejería, en colaboración con las entidades locales y el Tercer Sector, inició una campaña para recabar el consentimiento de todas aquellas personas interesadas en que se enviasen sus datos al INSS desde la comunidad autónoma, y para que desde este departamento pudiesen llevar a cabo todas las gestiones de comprobación oportunas.
"Los días 10 y 15 de septiembre, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar envió sendos ficheros al INSS con los datos de cerca de 9.000 titulares del salario social. Sin embargo, días más tarde entró en vigor una modificación del RD ley que regula el IMV que supuso un cambio sustancial de los requisitos del envío de estos ficheros y pasó a exigir a las comunidades, que fueran éstas las que comprobasen los requisitos de todos los expedientes y lo certificasen, además de asumir la obligación de reintegro en caso de que se concediera el ingreso mínimo de manera indebida", explican desde el Ejecutivo.
"Desde la Consejería ya habíamos enviado los ficheros antes de esta modificación; aun así hicimos un segundo envío en el mes de diciembre en el que nos comprometíamos a comprobar los requisitos de los 9.000 expedientes enviados, pero el INSS nuevamente los rechazó y no aceptó el certificado propuesto por el Principado", resalta la consejera.
Melania Álvarez, igualmente, incide en que "a pesar de haber hecho todos los esfuerzos que estaban en nuestro alcance, hasta el momento nuestros datos no han sido validados por el INSS por eso, todas las personas que están cobrando el salario social básico o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad deben acudir a las oficinas del INSS a tramitar la prestación estatal".
Ante esta situación, la Consejería ha estimado necesario informar puntualmente a las Entidades Locales, grupos políticos, la Mesa del Tercer Sector, los agentes sociales (UGT, CCOO y FADE), así como a los Colegios Profesionales de Educadores Sociales y Trabajo Social, "para dotar de la mayor transparencia a todo lo sucedido, aunque confía en que se pueda llegar a una pronta solución".