Aprobado el dictamen sobre Cerredo que ve "responsabilidad política" pese a la oposición del PSOE

   OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este miércoles el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente laboral en la mina de Cerredo (Degaña) con el apoyo en bloque de todos los grupos --PP, Vox, Foro, Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé-- frente al rechazo del PSOE. El voto particular presentado por Convocatoria por Asturias ha sido rechazado.

   El texto definitivo concluye que la causa inmediata y directa del siniestro fue la realización de labores extractivas clandestinas bajo condiciones totalmente incompatibles con la seguridad. Asimismo, determina la existencia de responsabilidades políticas al señalar que, si bien la Administración autonómica no causó el accidente de forma directa, incurrió en graves "fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria" que favorecieron un escenario de riesgo continuado.

   Durante el debate parlamentario, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y presidenta de la Comisión de Investigación ha defendido firmemente el dictamen y ha reivindicado que no habría existido sin su impulso individual. Ha criticado la gestión del Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón, denunciando que se otorgaron transmisiones y concesiones de explotación sin el rigor jurídico necesario, en un contexto de cierre o restauración y obviando los antecedentes de siniestralidad previos.

   Entre las principales propuestas recogidas en el dictamen figuran la revisión de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) vigentes, la puesta en marcha de un plan anual de inspecciones sorpresa, una coordinación efectiva entre los agentes del medio natural y la inspección minera, así como la actualización urgente de la normativa minera autonómica. Del mismo modo, se insta al Principado a articular de manera inmediata un procedimiento de ayudas económicas destinadas a las víctimas y sus familias, incluyendo de forma obligatoria a los afectados por el accidente previo del año 2022.

   El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha recordado que ya en 2022 se acreditó la extracción ilegal y clandestina de carbón en Cerredo tras un accidente mortal, y ha lamentado que la empresa continuara operando con total impunidad hasta 2025 bajo un simple cambio de denominación social.

   Ha denunciado que se extraían de forma ilegal unas 50 toneladas diarias de carbón en acopios de casi 20 metros de altura sin que la Administración se percatase, y ha acusado al presidente Barbón de "auspiciar y patrocinar" recursos contra la comisión y de realizar filtraciones interesadas para debilitar el papel de la Junta General.

DENUNCIA CONTRA EL "TERRORISMO LABORAL"

   El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, ha explicitado el apoyo de su grupo al dictamen al considerarlo un relato fiel de los hechos, defendiendo a su vez un voto particular concurrente. Ha subrayado que la función de la Cámara es depurar responsabilidades políticas y no penales, señalando como principal culpable a un empresario al que definió como "sinvergüenza" y "terrorista laboral", pero denunciando simultáneamente que la Administración falló al construir una "arquitectura jurídico-administrativa" a través de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) para eludir el cierre impuesto por la UE.

   Vegas ha reprobado la gestión de los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, de la exdirectora de Minas Belarmina Díaz y del viceconsejero Isaac Pola, exigiendo sus ceses de los cargos públicos actuales. Ha criticado además la "alianza PP-PSOE" para excluir de la investigación al alcalde de Degaña, Óscar Ancares, reprochando al PSOE que haya pasado del "caiga quien caiga" al "atrincheramiento para proteger despachos".

   Desde Vox, Gonzalo Centeno ha defendido la soberanía de la comisión para emitir un dictamen estrictamente político sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha aseverado que la responsabilidad política del Gobierno es "aplastante, clara y meridiana" por un funcionamiento "anormal" y un "fallo sistémico" de la inspección minera.

   Ha acusado al presidente del Principado de intentar esconderse en los procesos penales y civiles para eludir su responsabilidad máxima como líder del Ejecutivo y de despreciar al poder legislativo al tildar la comisión de inútil.

ACUSACIONES DE "USO ELECTORALISTA"

   Desde el PP, Rafael Alonso ha recalcado que este dictamen constituirá el "legado y la fase histórica del gobierno del señor Barbón". Ha afeado su ausencia durante el debate en el Pleno y ha reprochado que pretendiera inicialmente descalificar los trabajos de la comisión "afirmando de forma interesada que se iba a convertir en un circo, cuando la realidad ha demostrado un respeto absoluto" por parte de todos los grupos hacia las víctimas del año 2022 y de 2025 y hacia sus familias".

   Ha calificado de "absolutamente impresentable" que Barbón haya acusado a la oposición de hacer un uso "electoralista de las muertes", tachando dicho comportamiento de "mezquino" y "cobarde". "Díganme ustedes si merece otro calificativo", ha apuntado.

   Alonso ha criticado el anuncio realizado por Barbón sobre las ayudas a las familias de víctimas mortales, interpretándolo como un intento de "obtener un titular" y de buscar que los asturianos "olviden el caso de Cerredo" y eludan la asunción de responsabilidades políticas que "también le exige el propio entorno del Grupo Socialista".

   Alonso ha denunciado que, pese al accidente mortal de 2022 y la constatación de extracciones ilegales bajo planes de desimpactación, la Consejería aplicó de forma "laxa" las limitaciones y no solicitó el informe preceptivo al Instituto de Transición Justa (ITJ), cuyos cargos eludieron comparecer en la Cámara.

   Por último, ha rechazado la existencia de un pacto con el PSOE para excluir al alcalde de Degaña, argumentando que la medida simplemente excedía el objeto de la comisión.

LA EMPRESA "SE SALTÓ LAS PROHIBICIONES"

   Por parte del PSOE, el diputado René Suárez ha rechazado el texto final al considerar que "adolece de un vicio de origen insubsanable" y "excede el marco competencial" de las comisiones de investigación fijado por el Tribunal Constitucional.

   Suárez ha recordado que el letrado mayor de la Cámara advirtió reiteradamente de que el dictamen seguía sin acomodarse a la jurisprudencia por incluir conceptos e interpretaciones jurídicas de competencia exclusivamente jurisdiccional. Según ha denunciado, el documento está plagado de términos "muy cuestionables" y realiza inferencias que "no encuentran respaldo en la actividad investigadora", desestimando el informe técnico de la Inspección General de Servicios que concluyó que la labor inspectora del Servicio de Minas fue adecuada.

   Suárez ha aclarado que la normativa minera no permitía exigir solvencia económica a Blue Solving en la fase de cierre y que el polémico PIC ni siquiera estaba operativo en el yacimiento en el momento del suceso. Asimismo, ha defendido que el accidente fue provocado por una empresa que decidió "de manera premeditada saltarse las prohibiciones" y ha subrayado que la extracción clandestina duró apenas un mes sin que ninguna actuación inspectora distinta la hubiese podido evitar.

   El diputado socialista ha afeado a la diputada Covadonga Tomé y presidenta de la comisión su "afán de capitalización política" al "presentar el texto en rueda prensa antes que en la propia comisión" y ha advertido del riesgo de que la Junta sea condenada a pagar una responsabilidad patrimonial que "sufragarán todos los asturianos".

   Por último, ha tildado de "incoherencia" el voto particular de Convocatoria por Asturias sobre el alcalde de Degaña por atender a intereses locales y ha reivindicado la "política útil" del Gobierno asturiano, plasmada en medidas inmediatas como el 'Plan Regenera', el decreto del Servicio de Seguridad Minera y la dotación de ayudas a las víctimas.