Asturias actualiza su ley de consumo: "La realidad económica y social ha cambiado profundamente"

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido este lunes la nueva ley de consumo de Asturias, asegurando que la realidad económica y social del Principado "ha cambiado profundamente" en los últimos veinte años, cuando entró en vigor la actual.

El consejero ha comparecido en la Junta General en el marco de la comisión de su ramo, para informar del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. Allí, ha indicado que este proyecto pretende defender a los consumidores de Asturias, con el objetivo de reforzar los derechos de la ciudadanía asturiana en su condición de consumidores.

Si bien considera que la actual normativa fue "pionera" cuando se aprobó, ha cambiado mucho la forma en que se consume y se contratan servicios. "Hoy compramos por Internet, contratamos servicios a través de plataformas digitales, firmamos contratos a distancia", ha asegurado, explicando que también existen nuevas formas de publicidad y comercialización que hace 20 años "eran impensables".

Por ello, la nueva normativa pretende modernizar los derechos de los consumidores y los instrumentos de defensa contra abusos, al tiempo que se adaptan las herramientas públicas a la realidad actual del mercado.

El consejero ha explicado que uno de los puntos más relevantes de la norma es la referida a consumidores vulnerables. "Estas personas deben contar con una protección reforzada", ha señalado, ante "contratos abusivos" que afectan más a quien tiene más dificultades para defenderse.

EL PP CRITICA LA NORMA POR "LARGA, COMPLEJA Y FARRAGOSA"

Tras escuchar las explicaciones del consejero, la diputada del PP Susana Fernández ha criticado la normativa, asegurando que es una ley "larga, compleja y farragosa" sin "respaldo económico real" y que "multiplica las obligaciones" a empresas.

"Regula mucho y sanciona mucho, pero no compensa con seguridad jurídica", ha lamentado, asegurando que Asturias "no puede permitirse convertirse en un territorio normativamente hostil" para la actividad empresarial.

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), ha puesto el foco en la necesidad de acompañar a los ayuntamientos en la apertura de las oficinas de atención al consumidor que contempla la ley, y ha abogado por reforzar la Dirección General de Consumo para dar cumplimiento en la ley.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, su portavoz Delia Campomanes ha defendido que la norma incorpora "cuestiones novedosas" ya que amplía y moderniza el estatuto de los consumidores. En cuanto a la defensa de los derechos de los usuarios, Campomanes ha valorado que se incorpore una protección frente a prácticas abusivas en plataformas digitales y haga una apuesta por el consumo responsable.

El diputado de Vox Javier Jové, por su parte, ha cuestionado la necesidad de la norma y ha criticado que "ahora entraron las prisas para justificar que hacen algo". "Se cumple el tercer año de la legislatura y venga morralla legislativa", ha aseverado, indicando que los asturianos podrían "vivir perfectamente" sin esta ley, que "no aporta nada".

Finalmente, desde el PSOE, el diputado José Ramón García ha preguntado al diputado de vox "qué hay de malo" en proteger al consumidor, adaptarse a las nuevas formas de consumo, evitar abusos, perseguir engaños y actualizar el régimen sancionador. Ha defendido además que, si aumenta la recaudación por sanciones es porque "alguien lo está haciendo muy mal" y "las empresas que cumplan van a salir beneficiadas".

LA NUEVA LEY

Uno de los puntos clave de la nueva ley es la actualización del régimen sancionador. Hasta ahora, la Administración autonómica se veía obligada a recurrir a la legislación estatal ante las cuantías obsoletas fijadas en la norma de 2002. Con la nueva normativa, las sanciones se actualizan para evitar que el daño al consumidor resulte rentable. En este sentido, se prevén multas de 150 a 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 100.000 para las graves y de 100.001 a 1.000.000 para aquellas muy graves.

Además, el proyecto de ley incluye una cláusula excepcional de cuantía superior cuando la infracción, por su envergadura, produzca una alteración social grave, origine un riesgo para la salud o seguridad, o afecte a un gran número de personas. En estos casos, la sanción podrá superar el millón y superar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.

La norma se adapta al entorno digital y va en la línea del Pacto Verde Europeo y de la economía circular. Así, el texto introduce el concepto de derecho a la reparación y mejora los periodos de garantía.

Introduce además la figura de la persona consumidora vulnerable y otorga una protección reforzada a quienes, por su edad, discapacidad, nivel de renta o brecha digital, se encuentran en una posición de inferioridad en el mercado.