Asturias confía en avanzar en la supresión del peaje del Huerna tras el dictamen comunitario

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno autonómico sigue "muy de cerca" todo lo relativo al procedimiento de la Comisión Europea relativa al peaje del Huerna, en la AP-66. El Principado confía en aprovechar la oportunidad para suprimir el pago.

El Gobierno asturiano ha distribuido unas declaraciones sobre este asunto, justo cuando se cumple el plazo para que el Ejecutivo central responda a la Comisión sobre el dictamen.

Calvo ha destacado que el dictamen de la Comisión Europea es "muy contundente" y ha reclamado tanto al Ministerio de Transportes y a la Comisión "que continúen adelante en un procedimiento que respaldamos".

"No nos hemos quedado parados y desde entonces lo que hemos hecho es dirigirnos formalmente tanto al Ministerio y sobre todo a la Comisión", ha explicado.

El consejero ha manifestado que su objetivo siempre ha sido "poder participar de ese procedimiento y poner a disposición toda la información y documentación técnica que el Principado tiene y que puede ser útil" para resolver este asunto.

Asimismo, ha subrayado que "es una situación que no debe durar más" y han manifestado la necesidad de "aprovechar esta oportunidad de una vez por todas", aunque son conscientes de que "el procedimiento todavía tiene recorrido".

Finalmente, Calvo ha criticado la actuación del Partido Popular, señalando que la prórroga del peaje "fue una injusticia para Asturias" que "ahora además es irregular" y que "debería tener consecuencias y responsabilidades políticas".

La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.

La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.

Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España, y le dio meses para responder y adoptar las medidas necesarias. "De no hacerlo, la Comisión podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", advertía la Comisión.