Asturias contará con un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo para toda la Administración autonómica

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Administración del Principado de Asturias contará con un protocolo unificado de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. El documento, que ya recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno, formaliza una política de "tolerancia cero" frente a este tipo de conductas discriminatorias vinculadas al ámbito laboral institucional y refuerza la igualdad como política pública transversal.

El ámbito de aplicación del protocolo afectará a todo el personal de la Administración autonómica y de sus respectivos organismos públicos. Entre ellos se incluye al Servicio de Salud del Principado (Sespa), al personal docente dependiente de la Consejería de Educación y al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia transferida a la comunidad autónoma.

En una nota de prensa, el Gobierno destaca que el texto es fruto del diálogo social y del desarrollo del I Plan de Igualdad de la Administración del Principado de Asturias. El protocolo parte de la premisa de que estos tipos de acoso constituyen una manifestación estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres, así como una forma de violencia contra las mujeres que vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, la integridad física y moral o el derecho a un entorno laboral seguro.

Según informa el Ejecutivo, el documento incorpora una perspectiva integral basada en la prevención, la sensibilización, la formación y la reparación, con el objetivo de avanzar en una cultura organizativa libre de violencias machistas y discriminaciones en el seno de la función pública asturiana.

La nueva normativa autonómica incorpora "garantías avanzadas" para las presuntas víctimas, tales como la confidencialidad de la totalidad del procedimiento, el diseño de medidas específicas para evitar la revictimización, el acompañamiento formal durante el proceso y el establecimiento de mecanismos que "priorizan los derechos, tiempos y decisiones de cada persona afectada".