SEVILLA / OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Asturias junto a Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña y las Islas Baleares han reclamado este miércoles la exención del canon demanial para los concesionarios de puertos autonómicos, que de otra manera haría inviable la gestión indirecta de estos.
En una nota de la Junta de Andalucía, con motivo de las XIII Jornadas de Administraciones Portuarias, estas comunidades han exigido que se introduzca en el texto la exención prevista en el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, sobre inaplicación a instalaciones incluidas en los Reales Decretos de traspasos en materia de puertos.
Asimismo, han pedido que se revisen los criterios de cuantificación, en forma que "no impida la viabilidad económica" de la explotación de las instalaciones concesionadas, abocando con ello a la gestión directa generalizada.
En tal sentido, han apuntado que se debería aplicar idéntico tratamiento que el previsto en el nuevo apartado 3.1b del artículo 84 del proyecto, relativo a concesiones para infraestructuras de saneamiento, electricidad y comunicaciones de interés general.
En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), estas comunidades, entre las que se encuentra Andalucía, han dicho no entender "la doble lectura" que se pretende hacer, reivindicando la Administración del Estado la condición de titular para exigir el canon demanial y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al trasladar a la Comunidad Autónoma la carga impositiva.
Respecto a los plazos concecionales, estas comunidades advierten de que la remisión a la normativa estatal de puertos "no otorga la necesaria seguridad jurídica" por la "conflictividad inherente" a la calificación jurídica de los títulos concesionales previos a la aprobación de la ley de costas".
En este sentido, han precisado que el régimen de prórroga que prevé el artículo segundo del proyecto no se aplica a dichas concesiones portuarias autonómicas, por lo que "se está a los limites, prórrogas incluidas, que fija la norma estatal".
Ante esto, han propuesto que de forma consensuada se referencia el límite temporal máximo en que dichas concesiones previas a la Ley de Costas deban entenderse vencidas. Asimismo, piden que se señale que las ampliaciones de plazo deben "ajustarse en todo caso a una justificación concreta relacionada con los plazos de amortización de la inversión".
En cuanto a las marinas interiores, han reclamado una "mayor precisión" en el concepto de garaje náutico, especialmente en aprovechamiento lucrativo de los mismos y capacidad de estos, en forma de dimensiones máximas.
Así, han mostrado su deseo de que se corrijan estos aspectos de la modificación de la Ley de Costas en su trámite en el Congreso de los Diputados y el Senado, "a fin de facilitar un amplio consenso social y territorial sobre la norma que garantice su estabilidad futura".
