Asturias moviliza 23 millones para prestaciones vitales y da más flexibilidad a los Ayuntamientos

   OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Asturias dará mayor flexibilidad a los ayuntamientos asturianos para que puedan gestionar las prestaciones vitales y proyectos de inclusión, que en 2026 distribuirá 23 millones de euros entre las entidades locales.

   La consejera de Salud, Concepción Saavedra --en sustitución de la titular de Derechos Sociales, Marta del Arco-- ha explicado en unas declaraciones a los medios que se aprobará en la comisión institucional del Sistema Asturiano de Garantía de derechos y Prestaciones Vitales un criterio de flexibilización sobre la gestión de estas ayudas para "optimizar al máximo" que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

   La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Diana Fernández, ha explicado que la flexibilización consistirá en "intentar acercar los plazos de financiación y de pago a los ayuntamientos" de la forma "más ágil posible" para que puedan iniciar todos los proyectos que tienen para la población vulnerable. La idea es que a medida que vayan ejecutando ese presupuesto, la Administración autonómica vaya proporcionando la financiación.

   La inversión del Principado, de 12,8 millones, se desglosa en dos grandes líneas. La primera, referida a las ayudas de emergencia social para vivienda, garantía energética, apoyo la intervención y proyectos locales de inclusión social, contará con 10.620.693 euros. La segunda, relativa a las ayudas para familias con menores en situación de vulnerabilidad contará con 2.179.306 euros.

   A esta cantidad se suman 2,3 millones procedentes de ejercicios anteriores aún pendientes de ejecución, lo que eleva a 15,1 millones los fondos disponibles este año para ayudas sociales y programas de inclusión. Además, las entidades locales aportaron 7,7 millones en 2025, por lo que se estima que en 2026 se movilizarán en total 23 millones.

   La reunión ha contado con la participación de altos cargos del Gobierno del Principado y representantes municipales, así como de la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez.

   La comisión institucional actúa como órgano de coordinación entre el Principado y los ayuntamientos para garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.