Asturias, tajante sobre el peaje del Huerna: "Si la prórroga fue ilegal, tiene que ser nula"

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha reiterado este viernes su posición sobre el peaje del Huerna, en la AP-66, tras el dictamen de la Comisión Europea. "Si la prórroga fue ilegal, tiene que ser nula", ha señalado Calvo, en el sentido de que hay que eliminar ya ese pago.

"No hay nada que discutir. Si algo es ilegal, hay que actuar en consecuencia y, por lo tanto, la justificación del coste de la operación no cabe. Lo que hay que hacer luego es solucionarlo", ha señalado Calvo en una entrevista concedida a Televisión del Principado de Asturias (TPA) recogida por Europa Press.

El dirigente asturiano ha admitido que existe un "desacuerdo político" en esta cuestión con el Gobierno central. Ha restado también valor a las declaraciones del Ministerio de Transportes recogidas por los diarios regionales El Comercio y La Nueva España, en las que decía que el Ejecutivo asturiano estaba, con su posición a favor de la eliminación, alimentando el discurso del PP.

"En la política asturiana las cosas son más sencillas, afortunadamente; la gente sabe lo que opinamos, las expresamos nuestras opiniones de manera directa y no necesitamos que las opiniones o estos mensajes se hacen a través de fuentes anónimas", ha comentado.

Mientras tanto, el Gobierno asturiano prepara, en consonancia por lo acordado por la 'Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita', una batería de iniciativas sobre el asunto para presentar en la movilización convocada para el día 17 de octubre en Oviedo.

Calvo también ha dicho que el Gobierno regional trabaja para coordinarse con las comunidades de Galicia y Castilla y León en relación a evaluar las posibilidades de actuación administrativa en el actual contexto.

La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicitaba a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.

La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.

La Comisión envió un dictamen motivado a España, y le dio dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, el ministerio de Transportes respondió planteando alegaciones, de forma que los peajes siguen vigentes.