Barbón anuncia que convocará las ayudas para víctimas de accidentes laborales mortales a partir de septiembre

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles en la JGPA.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles en la JGPA.- ARMANDO ALVAREZ
Europa Press Asturias
Actualizado: miércoles, 24 junio 2026 13:05

   OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles que el propósito de su Gobierno es convocar las ayudas a las víctimas de accidentes laborales mortales "a la vuelta del verano, en torno al mes de septiembre", las cuales podrán alcanzar hasta los 72.000 euros por persona.

   Durante el turno de preguntas al presidente en el Pleno de la Junta General del Principado, Barbón ha concretado que el diseño normativo de esta medida ya está completado. Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que su aplicación no se circunscribirá de forma exclusiva a los siniestros de la minería, sino que se extenderá a los fallecidos en accidentes mortales de todos los sectores productivos.

   "Nuestro propósito es que estas ayudas sean desde el 1 de enero de 2025, con lo cual, evidentemente, los muertos de Cerredo entrarían, pero no solo vinculados a los de la minería, sino a todas las víctimas de accidentes mortales", ha manifestado.

   Como novedad, Barbón ha destacado que, teniendo en cuenta la "compleja situación" que atraviesan algunas familias, el Principado otorgará también estas ayudas en supuestos de accidentes laborales mortales acontecidos con anterioridad al 1 de enero de 2025. "Este es un gobierno que escucha", ha destacado, añadiendo que también se van a dar ayudas a aquellos que, siendo anteriores a 1 de enero de 2025, su caso esté judicializado y aún no haya sentencia de responsabilidad. Según ha detallado el presidente, esas ayudas "van a ser compatibles con la indemnización final que obtengan por parte de la sentencia judicial".

   Respecto al anuncio de la nueva línea de indemnizaciones, el portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha recordado que el Ejecutivo socialista vetó previamente una proposición de ley de la diputada Covadonga Tomé encaminada a articular ayudas específicas para las víctimas del siniestro minero de Degaña. No obstante, ha valorado de forma positiva que se reconozca el mismo derecho de indemnización a los fallecidos en Cerredo que a los de otros sectores económicos de la comunidad, como los trabajadores que perdieron la vida en el puerto de Gijón.

   Pumares ha exigido a Barbón que asuma y exija responsabilidades políticas tras la aprobación del dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, ocurrido en marzo de 2025 y en el que fallecieron cinco mineros.

   Pumares ha denunciado que el PSOE y el Gobierno del Principado intentaron primero impedir la creación de dicha comisión, después obstaculizar sus trabajos y finalmente desacreditar sus conclusiones. "Una Comisión de Investigación que usted, su Gobierno y su partido intentaron primero bloquear, luego boicotear y ahora despreciar", ha afirmado el parlamentario de Foro, censurando que el PSOE se haya "autoexcluido" del consenso parlamentario.

   Asimismo, ha advertido de que "el dictamen señala responsables políticos claros y ahora le toca actuar al Presidente del Principado". En este sentido, ha acusado al jefe del Ejecutivo de amparar la "impunidad administrativa" que permitió que un empresario que ya había protagonizado un siniestro mortal en 2022 siguiera operando.

   Pumares ha criticado que se mantenga en puestos de máxima responsabilidad y confianza política a Enrique Fernández (exconsejero de Industria y actual presidente de Hunosa) y a Nieves Roqueñí (sucesora en la Consejería y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón), señalados en las conclusiones. Además, le ha reprochado que siga sin asumir responsabilidades por la supresión del Servicio de Seguridad Minera en 2019: "El principal responsable fue usted", ha subrayado.

   Por último, Pumares ha reclamado medidas y "modificaciones presupuestarias" concretas para que el 'Plan Regenera' de la Consejería de Industria no quede en "simple papel mojado" y ha recordado que el Ejecutivo vetó previamente una Proposición de Ley destinada a articular ayudas específicas para los afectados por la tragedia de Cerredo.

ASUNCIÓN DE CESES

   En su último turno de palabra para cerrar el debate, Adrián Barbón ha respondido a las críticas de Pumares reprochándole que actúe de "eco" y en coordinación con el Partido Popular. "Los electores de Foro Asturias tienen que estar que se tiran de los pelos, habiendo entregado un voto a Foro Asturias que ha demostrado que no ha querido ser útil en esta legislatura", ha reprochado el presidente, quien ha comparado al portavoz de Foro con un "sidecar" en el que el líder del PP, Álvaro Queipo, va "al volante".

   Respecto al dictamen, Barbón ha rechazado la asunción de ceses argumentando que "no hay ninguna prueba en la comisión" que conecte la responsabilidad de los cargos señalados con el resultado final del siniestro de la explotación minera. A este respecto, ha asegurado que el camino "fácil" para el Grupo Socialista habría sido aceptar el documento, dado que las conclusiones no le implican directamente y ninguno de los responsables públicos aludidos forma parte del Gobierno actual.

   Asimismo, ha salido en defensa del Servicio de Inspección y ha emplazado a los supervivientes del accidente a poner en conocimiento de la justicia cualquier certeza sobre falsedades documentales en los informes de la Inspección de Minas. "Si ellos tienen certezas de que los inspectores falseaban los informes, eso es muy grave, y por tanto, para que paguen las responsabilidades penales consecuentes, solo hay un camino, que es acudir a los jueces", ha manifestado, destacando que los inspectores "son los ojos de la administración" y sus informes gozan de "presunción de veracidad".

   Por último, el jefe del Ejecutivo ha advertido sobre el aviso realizado por los letrados de la Junta General, quienes señalaron que es probable que el dictamen "exceda los límites constitucionales". Ante este escenario, Barbón ha cuestionado qué responsabilidad asumirá la oposición si se interponen recursos económicos y "la va a tener que pagar el conjunto de los asturianos y asturianas".

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