Cofiño defiende el pensamiento crítico como el "mejor antídoto" frente al adoctrinamiento en las aulas

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Espacio Fundamentos' de la Junta General ha acogido este jueves un debate sobre los retos del sistema educativo, el pensamiento crítico como antídoto frente al adoctrinamiento y el papel de la escuela inclusiva. La jornada ha contado con las ponencias del magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, y de la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Elisenda Malaret García, presentados por el coordinador del espacio, Leonardo Álvarez.

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha abierto la sesión recordando al marqués de Condorcet en 1792 para advertir de que "la libertad será ilusoria si la sociedad dicta a las generaciones nacientes lo que deben creer". Cofiño ha señalado que el debate sobre educación y adoctrinamiento se ha intensificado en los últimos años, con voces que invocan una neutralidad "en ocasiones malentendida".

Cofiño ha recomendado ofrecer "menos dogmatismo, menos relativismo y más pensamiento crítico" en el ámbito educativo frente al debate sobre el adoctrinamiento. Durante su intervención, el presidente de la Junta General ha reflexionado sobre la "fina línea" que separa la educación del adoctrinamiento.

Para Cofiño, el Estado debe procurar un sistema educativo conforme al mandato constitucional del artículo 27 "incluso en defensa propia", ya que no puede inhibirse de enseñar los principios y actitudes que hacen posible la convivencia.

"Más que adoctrinamiento, lo que abunda actualmente es la simplificación de los mensajes y la falta de suficiente sentido crítico, con las redes sociales como estipiente de todo ello", ha destacado Cofiño, quien ha defendido que el pensamiento crítico es "el mejor antídoto" y que la escuela no puede quedar al margen de los conflictos sociales de nuestro tiempo.

EXPERTOS JURISTAS

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y coordinador del encuentro, Leonardo Álvarez, ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para subrayar que "no puede haber ciudadanos ejercientes de sus derechos fundamentales sin una educación democrática".

Álvarez ha repasado los conflictos recurrentes en España en las últimas décadas, como la polémica en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la presencia de símbolos religiosos, apuntando que estos litigios plantean, en el fondo, qué modelo de sociedad y de ciudadanía se quiere construir.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ha iniciado su intervención reivindicando el legado pedagógico de la Universidad de Oviedo de finales del siglo XIX y principios del XX, citando a figuras como Leopoldo Alas 'Clarín', Melquíades Álvarez, Adolfo Posada o Rafael Altamira, quien ya en 1923 advertía de que "tanto daño hace la enseñanza partidista como dejar al alumno completamente indefenso".

Haciendo referencia al jurista Wolfgang Böckenförde, Murillo de la Cueva ha afirmado que para el buen funcionamiento de la democracia representativa no basta con la separación de poderes o los procesos electorales, sino que es imprescindible una cultura democrática que debe cultivarse desde la escuela.

El magistrado ha abordado las polémicas de la década de los 2000 sobre Educación para la Ciudadanía y la objeción de conciencia de las familias. Al respecto, ha recordado que el conflicto se pacificó sustancialmente gracias a cuatro sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 11 de febrero de 2009.

Finalmente, ha alertado sobre los peligros de la tecnología y las redes sociales, capaces de "alterar las conciencias y deshumanizar", por lo que ha instado a que la educación prepare a los jóvenes para protegerse y mantener el respeto a la dignidad humana como fin en sí mismo.

La catedrática Elisenda Malaret García ha cerrado el turno de intervenciones, ensalzando el concepto de "instrucción pública" presente ya en la Constitución de Cádiz de 1812 como herencia directa de la Ilustración, donde la idea de ciudadano libre y responsable requiere obligatoriamente del conocimiento.

Asimismo, ha loado la figura del jurista Adolfo Posada y la histórica experiencia de la "extensión universitaria" de la Facultad de Oviedo como un precedente de la educación inclusiva, al tener la voluntad de llevar el conocimiento fuera de las aulas a los sectores sociales que no podían acceder a la universidad. La catedrática ha concluido su intervención llamando la atención sobre los datos recientes que alertan sobre la vulnerabilidad de los menores en el contexto social actual.