FADE y las asociaciones del transporte recurren la prórroga del peaje del Huerna y abren la vía judicial para suprimirlo

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a cinco asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera, ha presentado una acción de nulidad de pleno derecho contra el real decreto aprobado en el año 2000 que amplió en 29 años el plazo concesional de la autopista del Huerna (AP-66), entre Asturias y León.

La iniciativa, articulada con el asesoramiento del despacho Ontier, busca revisar una decisión que, según el tejido empresarial, ha supuesto un "sobrecoste injusto y sostenido" para las empresas asturianas.

En concreto, FADE, Asetra-CETM Asturias, Astra, Cesintra, Asvipymet y CAR sostienen que la ampliación del plazo constituyó una modificación sustancial de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea de contratación pública, debió tramitarse mediante una nueva adjudicación y no como una mera modificación contractual.

Las organizaciones empresariales subrayan que el peaje del Huerna "no es solo una infraestructura", sino un factor que condiciona la competitividad de la industria, el transporte y la logística de Asturias, al introducir un coste adicional en la principal vía de salida de la región que no existe en otros territorios y que impacta en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión.

La presidenta de FADE, María Calvo, ha afirmado que no se trata de "un debate técnico", sino de "una cuestión de igualdad", y ha defendido que Asturias "no puede competir con una desventaja estructural en su principal vía de conexión", por lo que la supresión del peaje constituye, a su juicio, una defensa del empleo, la inversión y el futuro de la comunidad.

La acción se dirige al Consejo de Ministros, que dispone de un plazo de seis meses para resolver, tras lo cual, en caso de desestimación o silencio administrativo, se abriría la vía contencioso-administrativa que FADE y las asociaciones firmantes están dispuestas a emprender.

Esta iniciativa es compatible con el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por la posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en la prórroga de la concesión, un expediente que podría derivar en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reforzaría la posición jurídica de las organizaciones empresariales.