La abogada de Pymar se desliga del asunto mientras que el de Naval Gijón pide la suspensión del juicio
GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía respaldó hoy la demanda presentada por el representante de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), Juan Manuel Martínez Morala, en contra de su despido en Naval Gijón al ser incluido en un ERE. La fiscal, durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Social 3 de Gijón, señala que Morala, como representante sindical, no debía haberse incluido en el ERE por lo que el despido es "nulo".
Es más, señala que durante el plazo de dos años, desde diciembre de 2005 en que se supo su inclusión en el ERE a diciembre de 2007, cuando fue efectivo, Morala seguía siendo trabajador activo, pero no se pudo incorporar a la empresa porque la sentencia que así lo determinaba fue objeto de recurso de casación por parte de Naval Gijón en 2006. El fallo judicial fue firme este mismo año, tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Asimismo, insistió en que el despido fue "nulo" porque se vulneraron sus derechos fundamentales, al incumplir lo dictado en una sentencia. Además, rechazó las alegaciones de "caducidad" a la hora de cumplir la sentencia esgrimidas por el abogado de Naval Gijón, así como de exclusión de Pymar en esta causa, habida cuenta lo declarado por los testigos y las múltiples sentencias en que se la condena junto a l empresa naval gijonesa.
La fiscal también diferenció este proceso del hecho de que el trabajado haya cobrado unas prestaciones sociales con que tenga derecho a recibir una indemnización. Además, señaló que "el sindicato ha de ser dejado fuera", en lo que a ser indemnizado por vulneración de derechos sindicales se refiere.
Por todo ello, consideró "desorbitada" la petición de indemnización del demandante de 100.000 euros y la cifró, a su parecer, en 6.000 euros, en el caso de que la jueza reconozca este derecho.
Además, señaló que ante la duda de si este procedimiento judicial era el adecuado para presentar su reclamación el demandante, defendió que "debe prevalecer el derecho del trabajador".
Por su parte, la abogada de Pymar dijo haber justificado "debidamente" durante la vista oral el objeto social de la sociedad a la representa. Según ella, ninguno de los testigos -cuatro a propuesta de la defensa_pudo "implicar" a Pymar en actividad alguna que tenga que ver con la extinción del contrato de Morala, por lo que su cliente no es el empleador.
También aseguró que el control que pudo efectuar Pymar lo hizo "dentro de los límites que tiene marcados" y remarcó el hecho de que la situación financiera deficitaria de la empresa en los últimos años hacía obligado que Naval Gijón tuviera que consultar a Pymar sobre el empleo del dinero.
Por su lado, el letrado de Naval Gijón insistió en que el Juzgado de lo Social no es el órgano que debe decidir sobre este caso, ya que está pendiente de una resolución de otro órgano judicial que podría ser "contradictoria" con la adoptada en éste.
También señaló que, en último caso, la extinción del contrato de Morala es efectiva a 31 de diciembre de 2007 y que negó que le correspondieran salarios de tramitación. El abogado recalcó que el trabajador cobró prestaciones sociales, lo que sería percibir dos cantidades por lo mismo.
En cuanto a la abogada de Morala, recordó que éste se incorporó a Naval Gijón en 1974 y que fue una de las figuras más representativas sindicales por parte de la CSI, de la que fue secretario general entre 2003 y 2008. En este sentido, vinculó su despido al intento "constante" de apartarle de la negociación sobre el futuro de la empresa, como se pone de manifiesto al despedirlo días antes de las elecciones sindicales.
Además, recordó que entre 2002 y marzo de 2009, existen sentencias firmes a favor de la CSI y en contra de Naval Gijón y Pymar, por vulneración de derechos fundamentales. A este respecto, destacó que el despido de Morala buscaba "desprestigiar" al sindicato, y a él mismo, para así condicionar el voto en las elecciones sindicales.
También rechazó que, al contrario que sostuvo el abogado de la empresa, hubiera "imposibilidad para reincorporarlo" cuando éste lo solicitó, tras la sentencia firme, en última instancia y de obligado cumplimiento, del Tribunal Supremo.
Asimismo, señaló que "la responsabilidad de Pymar es total" en este caso, además de ser el máximo acreedor y el propietario de los terrenos. Según ella, esto quedó acreditado a través de los testigos y las pruebas documentales presentadas.
También justificó los 100.000 euros solicitados por la reiteración en el incumplimiento de las sentencias contra la vulneración de derechos, la última de las cuales condena a Naval Gijón y Pymar al pago de 30.000 euros. Esta es la sentencia a la que aludía el abogado de Naval Gijón para pedir la suspensión del juicio, al estar recurrida.
CONTROL DIARIO DE PYMAR.
Sobre este asunto, los cuatro testigos de la defensa confirmaron que Pymar ejercía la gestión diaria sobre Naval Gijón y que la primera había puesto para ello al frente de la dirección de la empresa gijonesa a Diego Alonso, "un hombre de su confianza", según uno de los testimonios.
El que fuera director de Organización y Recursos Humanos entre 200 y 2003, Manuel Nosti, señaló que al principio la relación de Pymar con Naval Gijón era "de colaboración en todo el apartado comercial y la canalización de las subvenciones" pero que, a partir de 2001 cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, comenzó a ser "una especie de intervención".
Todo debía ser consultado con Pymar, según Nosti, incluso los honorarios de los abogados que se contrataban o las nóminas. De hecho, él mismo demandó a Pymar una indemnización tras su marcha del astillero, ya que le dijeron que era ésta quien "tenía bloqueado el pago". Y aunque en este caso el talón lo firmaba Naval Gijón, sabía que ésta no tenía dinero.
En cuanto a la situación actual, señaló que no cree que cambiara mucho. "Lo que queda ahí es chatarra, pero debajo hay solares", indicó antes de añadir el interés que deben tener estos para alguien. "Si no es por Pymar, en 2001 Naval Gijón hubiera dejado de existir", apuntó.
También declararon tres trabajadores que tuvieron representación en el Comité de Empresa, Balbino Cano, Mauricio Pastor y Joaquín Verdejo, cada uno de un sindicato (CSI, CCOO y UGT), que certificaron las reuniones semanales de Naval Gijón con Pymar y el que la empresa les dijera que había que consultarlo todo con esta última.
Cano incluso apuntó que el día que solicitó Morala su reincorporación tras la sentencia del Supremo, él y otros dos compañeros del Comité de Empresa le acompañaron a ver al director de Recursos Humanos, quien rechazó la petición y argumentó que había "orden de Pymar" de no admitirla.
