Archivo - Fitoria, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Principado de Asturias ha interpuesto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictada contra el matrimonio acusado de mantener encerrados a sus tres hijos en una casa de Fitoria en Oviedo durante casi 4 años.
La Fiscalía asturiana solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos. En su fallo, la Audiencia Provincial entendió únicamente la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.
FALLO JUDICIAL
La Audiencia Provincial condenó el pasado 11 de mayo a dos años y cuatro meses de prisión a cada uno de los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. Por el delito de abandono de familia, se condena a cada progenitor a otros seis meses de cárcel.
Además, durante 3 años y cuatro meses estarán inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, y tendrán prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio, lugar de estudio o lugar que frecuenten.
El tribunal absolvió a los padres de los delitos de detención ilegal de los que también estaban acusados y les impone el pago de una indemnización para cada menor de 30.000 euros.
GOBIERNO DE ASTURIAS
Días después de conocer el fallo, el Gobierno del Principado de Asturias anunció que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial. El Ejecutivo autonómico basa su recurso en el hecho de que el tribunal ha absuelto a los progenitores del delito de detención ilegal, una calificación que la acusación considera acreditada dada la situación de aislamiento que sufrieron los menores.
"Vamos a recurrir porque no compartimos que la Audiencia no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal", afirmó el 16 de mayo la consejera de Derechos Sociales y Bienestas, Marta del Arco.