Gestha estima que el fraude fiscal en el sector inmobiliario en Asturias alcanza los 136 millones de euros anuales

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Tecnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el fraude fiscal en el sector inmobiliario en Asturias supera los 136 millones de euros anuales. Así lo hicieron público en una nota de prensa en la que analizan los efectos de la aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (LMPFF) aprobada en el Congreso de los Diputados hace un año. A nivel nacional, la evasión fiscal en este sector representan 8.600 millones de euros anuales.

En Asturias, el número de empresas inmobiliarias declaradas asciende a 4.790. A nivel nacional, se investigaron en 2006 un total de 6.516 empresas a los que se les reclamó una deuda de 805 millones de euros

Por comunidades autónomas, Cataluña es en la que se ha detectado un mayor fraude fiscal que se eleva a 1.836 millones de euros, seguido de Madrid con 1.479 millonse, Andalucía con 1.392 ; Galicia (476 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias ((358 millones); Castilla La Mancha (341 millones); Murcia (303 millones); Baleares (290 millones); Aragón (225 millontes) Extremadura (114 millones), Cantabira (94 millones) Valencia (49 millones). Por contra, País Vasco (4 millones de euros) y Navarra (1,3 millones de euros) son las comunidades con menor evasión fiscal en el sector inmobiliario. Por su parte, en

A tenor de estos datos, Gestha estima que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal "no ha servido" para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España como son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales que "apenas han sido inspeccionadas en los últimos dos años".

Los Técnicos de Hacienda -que realizan hoy el primer balance anual de la Ley Antifraude con motivo de su VII Congreso Nacional que se celebra en Málaga- consideran que esta norma ha supuesto un "paso adelante" en la prevención y lucha contra el fraude pero "poco ambicioso", ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo, de forma masiva, un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Gestha considera que la Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar la "sensibilidad" generada en la sociedad española con motivo de esta ley, para desplazar estas actuaciones masivas hacia las mayores bolsas de fraude, como la que constituyen aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.