Gijón: Familias convocan asamblea por quejas en comedores escolares públicos

   GIJÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Las familias de los colegios públicos de Gijón han convocado una asamblea abierta para informar sobre la situación de los comedores escolares municipales y acordar nuevas acciones ante la falta de sanciones efectivas por parte del Ayuntamiento gijonés, respecto a las quejas sobre la gestión de la empresa adjudicataria del servicio.

   La asamblea tendrá lugar, a las 17.30 horas del próximo día 9, en el local de la Asociación de Pensionistas de Gijón. Están invitados a asistir a todas las familias de los colegios públicos de Gijón, las AMPAS, la comunidad educativa y cualquier persona interesada en la defensa de un comedor escolar "público, transparente y de calidad".

   A través de una nota de prensa, han explicado que, durante las últimas semanas, se han puesto en conocimiento de la Administración diversos hechos que podrían constituir incumplimientos de las condiciones contractuales.

   Entre ellos, han citado el uso de aceite de girasol en la elaboración de los menús escolares y la desaparición de los menús ecológicos semanales contemplados en el contrato.

   Además, las familias han advertido en reiteradas ocasiones la falta de transparencia y las dificultades para acceder a información básica sobre los productos utilizados en los comedores.

   A este respecto, han considerado "insuficiente" la respuesta dada por el Gobierno local ante todas estas quejas. "A día de hoy no existe información pública que permita conocer el alcance real de los posibles incumplimientos ni las medidas adoptadas para verificar los hechos denunciados", han recalcado.

   Unido a ello, han señalado que la Comisión de Seguimiento de Comedores del Consejo Escolar Municipal se reunió el pasado 4 de junio por primera vez en todo el curso escolar, después de meses de insistencia por parte de las AMPAS.

   En la misma, la empresa justificó la eliminación del aceite de oliva y de los menús ecológicos alegando la entrada en vigor del nuevo Real Decreto sobre comedores escolares.

   Sin embargo, las familias han opinado que esta explicación resulta "insuficiente". En primer lugar, porque la entrada en vigor de una nueva normativa no exime del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato municipal.

   En segundo lugar, porque el propio Real Decreto establece la obligación de ofrecer, al menos, dos menús ecológicos al mes, mientras que los menús correspondientes a abril, mayo y junio no incluyen ninguno. Además, el aceite de girasol utilizado tampoco sería aceite de girasol alto oleico, requisito expresamente contemplado en la nueva normativa.

   Las familias sí que han querido reconocer el compromiso que el Ayuntamiento ha trasladado en la citada reunión de la comisión de que a partir del pasado día 1 se iba usar aceite de oliva y que se recuperarían los menús ecológicos antes de que acabe el curso.

   Dicho esto, han incidido en que estos compromisos demuestran el "incumplimiento" anterior de la empresa y han mostrado su preocupación por que finalice el curso escolar sin que se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva que determine durante cuánto tiempo se mantuvieron y cuáles fueron las responsabilidades derivadas de los mismos.

   Por ello, han dejado claro que no aceptan estas explicaciones ni consideran que puedan servir para cerrar este asunto sin una investigación rigurosa por parte del Ayuntamiento.

   "Lo que está en juego no es una cuestión administrativa, sino la calidad de la alimentación que reciben diariamente miles de escolares y el cumplimiento de un contrato financiado con fondos públicos y que se ha procedido a renovar hasta que entre el vigor el nuevo contrato de línea caliente", han apuntado.

   Han exigido, por tanto, la apertura inmediata de una investigación completa sobre todas las denuncias presentadas; que se determine el grado real de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa adjudicataria; que se hagan públicos los resultados de dicha investigación con total transparencia; y que, en caso de confirmarse los incumplimientos denunciados, se depuren responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan.