Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del Principado ha aclarado este martes los plazos en los que fue recibido el informe de la Inspección General de Servicios (IGS) sobre el accidente minero de Cerredo y ha incidido en que desde su recepción hasta su presentación transcurrieron tres días hábiles.
Indican además que el presidente del Principado recibió el informe este lunes, a las 12:13 horas, al mismo tiempo que los demás miembros del Consejo de Gobierno. El informe fue remitido por correo electrónico por el consejero Borja Sánchez.
El informe provisional se recibió el 5 de marzo en la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Este era un informe con carácter reservado; es decir, bajo ninguna circunstancia, por su condición provisional en ese momento, se podía hacer público ni comunicar. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo dispuso de 15 días hábiles para presentar consideraciones.
Transcurrido dicho plazo legal, el 26 de marzo se trasladaron dichas consideraciones a la IGS. El 27 de marzo, a las 15:00 horas, se recibió el informe definitivo remitido por la inspectora de Servicios a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Ciencia, que a su vez da traslado al titular de la consejería.
"Desde la recepción del informe hasta su presentación al Consejo de Gobierno y a la sociedad transcurrieron tres días hábiles, con los días festivos de Semana Santa de por medio, tiempo que se ha dedicado a leer y estudiar con detalle el informe y planificar las medidas a adoptar", indican desde el Gobierno.
Aseguran además que con este informe se está actuando de manera "excepcional" por su carácter extraordinario; por ello, se ha elevado al Consejo de Gobierno y se ha presentado públicamente y advierten de que hacer público el informe provisional habría supuesto obstruir la labor inspectora y contaminar la auditoría, además de bloquear el derecho de la consejería a trasladar las consideraciones que estimara procedentes sobre lo actuado.
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