Histórico consenso en Asturias: las infracciones mineras muy graves costarán el cierre de la explotación

   OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Proposición de Ley de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/1997, de 4 de abril, de Infracciones y Sanciones en materia de Seguridad Minera. La iniciativa parlamentaria introduce un cambio normativo específico para que las infracciones muy graves conlleven consecuencias estructurales sobre la continuidad de los derechos de explotación.

   El texto legal realiza una actualización formal de las cuantías económicas de las sanciones para sustituir las antiguas referencias en pesetas por sus equivalencias exactas en euros. Con la entrada en vigor de la ley, prevista para el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las infracciones leves se sancionarán con multas de 300 a 3.000 euros; las graves, de 3.000,01 a 30.000 euros; y las muy graves, con penalizaciones que irán desde los 30.000,01 hasta los 600.000 euros.

   El diputado del PSOE Jacinto Braña ha defendido que la reforma representa un paso adelante hacia un modelo de actividad minera "más exigente, más coherente y eficaz". Braña ha remarcado que las modificaciones persiguen garantizar una intervención administrativa "adecuada en los supuestos de mayor gravedad", limitándose a casos excepcionales para no perjudicar al sector. Asimismo, ha vinculado esta medida con las acciones del plan gubernamental 'Regenera' dirigidas a potenciar la seguridad minera y asegurar que la actividad económica se desarrolle bajo el estricto respeto a los derechos de los trabajadores.

   Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Rafael Alonso ha dedicado un reconocimiento a la movilización de los trabajadores de Mina Miura (Ibias) que evidenció la necesidad de adaptar el texto de 1997. Alonso ha aclarado que esta modificación puntual no fija una nueva sanción, sino que establece un "expediente distinto" para que la sanción más grave implique la clausura de la explotación y la extinción del título minero vigente. El parlamentario ha subrayado que el cambio normativo otorga mayor eficacia de control a la Administración, adaptándose a la realidad de la minería actual en Asturias y promoviendo "el rigor en el cumplimiento legal".

   Al final de su intervención, Alonso ha trasladado el reconocimiento de su grupo parlamentario a los trabajadores de TYC Narcea, acampados en el Paseo de los Álamos, señalando que "no se trata sólo de reformas legales, también se trata de gestión". En este sentido, ha instado a la Administración a actuar con mayor celeridad para "poner fin a esa incertidumbre que afecta a trabajadores y familias", permitiéndoles recuperar lo antes posible una actividad económica que ha calificado de "especial trascendencia" tanto para el Principado como para las comarcas del suroccidente asturiano.

   El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha justificado el voto a favor tanto por haber firmado la iniciativa como para paliar en el futuro los "daños colaterales" derivados del trágico accidente del 31 de marzo de 2025 en Degaña. Centeno ha criticado que la reforma legal es una "huida hacia adelante" del Ejecutivo asturiano para "evitar su enorme responsabilidad" y calmar la "presión" social tras lo ocurrido. El parlamentario ha argumentado que no hacía falta modificar la normativa autonómica, dado que la Ley de Minas estatal de 1973 y su reglamento de 1978 ya otorgaban al Gobierno regional y a la inspección minera la base legal y el "deber de policía" suficientes para declarar de oficio la caducidad de las concesiones ante infracciones graves.

   Por Convocatoria por Asturies, el diputado Xabel Vegas ha celebrado la unidad de todos los portavoces al firmar la iniciativa, destacando que demuestra que la política es útil cuando se aparcan las diferencias ideológicas. Vegas ha atribuido el mérito de la ley a las demandas de los trabajadores de Mina Miura, en Tormaleo, frente a los impagos de empresarios a los que ha calificado de "piratas" y "sinvergüenzas".

   Vegas ha explicado que la inclusión de la caducidad de los derechos mineros junto a la clausura evitará que se especule con las concesiones como si fueran activos financieros. Finalmente, Vegas propuso que, al tratarse la antracita de Mina Miura de una materia prima estratégica y de calidad excepcional, el Principado debería activar su derecho de reserva recogido en la legislación para evitar que su explotación vuelva a quedar en manos privadas.

   El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, se ha sumado a los agradecimientos a la plantilla de Mina Miura por lograr un "consenso inédito" en la Junta General a través de una reforma "breve" pero de "gran relevancia política". Pumares ha aplaudido que la ley cierre una "laguna que existía objetivamente en el ordenamiento" y que limitaba la capacidad de la Administración, la cual carecía de mecanismos para retirar el derecho minero a las empresas penalizadas con una clausura definitiva.

   Asimismo, ha destacado el valor de que la iniciativa nazca de la sociedad civil y dote a los servicios públicos de herramientas reales frente a "empresarios piratas y sin escrúpulos" que incumplen los requisitos laborales, ambientales y de seguridad en un sector altamente regulado.

   Por último, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha defendido que la minería del carbón en Asturias ha existido y seguirá siendo una "realidad" palpable en concejos como Cangas del Narcea, Ibias o Tineo, a pesar de la "ceguera voluntaria" y los "problemas de comunicación e intercambio de datos" entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno autonómico.

   Tomé ha repasado la cronología de conflictos recientes del sector, como la renuncia voluntaria de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en agosto de 2025, el derrumbe mortal en Vega de Rengos en noviembre del mismo año y los posteriores expedientes de regulación que han llevado a la acampada de trabajadores en el Paseo de los Álamos desde el 15 de junio. Asimismo, ha ensalzado el ejemplo de los mineros de Mina Miura que marcharon a pie hasta la Junta General tras un encierro bajo tierra.

   Al respecto de la modificación legal, la parlamentaria ha recalcado que el Principado contará desde ahora con un respaldo "ágil y contundente" para "frenar de inmediato actividades peligrosas" retirando de forma directa las concesiones, si bien ha advertido de que "el éxito estará en ser especialmente aplicados y ser capaces de utilizarla".