El informe de Inspección sobre el accidente de Cerredo apunta a que se utilizó el PIC para "eludir" el Plan de cierre

   OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El informe extraordinario de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raiz del accidente mortal de la mina de Cerredo, apunta a que la Autoridad Minera utilizó los Proyectos de Investigación Complementaria como "vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del Plan de cierre de la minería no competitiva en España que exige la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para otorgar cualquier autorización de explotación en minas sometidas a procesos de cierre"

   El informe también hace alusión a la ausencia de consultas al Instituto de Transición Justa, al ITJ, previas a la autorización de proyectos en explotaciones que son susceptibles de estar afectadas por el plan de cierre.

   Así lo ha destacado este lunes en rueda de prensa el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez que junto a la viceconsejera del Principado, Gimena Llamedo, ha explicado dicho informe en rueda de prensa, dejando claro que "el Gobierno lo hace suyo y cumplirá las once recomendaciones que en el mismo se establecen".

   "Después de leer el informe, nuestro cometido y nuestra encomienda es hacerlo nuestro, hacer nuestras esas 11 recomendaciones, e implementar todas las mejoras tecnológicas, normativas, etcétera. El presidente nos encomendó esta tarea, que es que el accidente de Cerredo no se vuelva a producir", dijo Borja Sánchez.

   Preguntado sobre el uso de esos Proyectos de Investigación Complementaria, Borja Sánchez ha insistido en que lo que

   cestiona la Inspección General de Servicios es "a ausencia de un procedimiento reglado aludiendo a la falta de tramitación ambiental.

   "Yo lo que quiero dejar claro es que el PIC como figura, es una figura que es válida, que viene siendo utilizada desde hace varias décadas en el Principado y ahora surge una necesidad de clarificar cuál es el régimen de estos Proyectos de Investigación Complementaria, que es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar su regulación, garantizar que exista plena seguridad jurídica, garantizar que se apliquen todos los controles necesarios", reiteró el consejero ante las preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

OTROS ASPECTOS SEÑALADOS POR EL INFORME

   Respecto al marco normativo, el informe, de 317 páginas, señala que "la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa derivado de una legislación estatal básica que no ha sido actualizada en décadas".

   Con respecto a la Estructura del Servicio de Minas, el documento constata una reducción de efectivos en los últimos años y un incremento paralelo de funciones que están especialmente ligadas a la transición energética y a la restauración ambiental. Y por ello lo que plantea es la necesidad de revisar tanto el dimensionamiento como la organización del servicio.

   Con respecto a los procedimientos administrativos, el informe detecta áreas de mejora en la autorización de transmisiones de derechos y de concesiones mineras en unidades productivas que se encuentran en proceso de abandono y cierre y plantea que se hagan todas las consultas necesarias, por ejemplo, ITJ y también que se verifiquen esos trámites ambientales y vinculados sobre todo al régimen de ayudas del plan de cierre.

   Borja Sánchez ha insistido en que el Gobierno asturiano no se va a limitar solo a analizar el informe, sino que es un documento que va a asumir como propio y con el que van a actuar de forma consecuente.

   "Por eso, lo que ya tenemos definida es una hoja de ruta clara en este primer análisis con medidas concretas en las que dar respuesta a las 11 recomendaciones que nos hace la Inspección General de Servicio", dijo.

   Ha explicado que esta hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia plantea diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

   Respecto a la pregunta de si se van a asumir responsabilidades políticas, el consejero ha incidido en que el propio informe es ya "una muestra de reposnabilidad política".

   "Yo creo que el propio informe es ya una muestra de responsabilidad política y es una muestra de la responsabilidad con la que trabajamos en este Consejo de Gobierno. Este informe fue encargado por el propio presidente, y esto no pasa en otras comunidades autónomas. Al final lo que se ha evaluado es de arriba abajo el funcionamiento del Servicio de Minería, y que de ahí surgen 11 recomendaciones que vamos a asumir y a hacer nuestras por completo. Yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad política", insistió.

COLABORACIÓN PLENA CON LA FISCALÍA

   Este informe ya ha sido remitido a la Comisión de Investigación Parlamentaria, a la Comisión de Seguridad Minera convocada para este martes y también a la Fiscalía. Así, ha incidido el consejero en que la propoa Inspección Minera ya remitió a la Fiscalía determinadas actuaciones vinculadas al contrato de Blue Solving con Conbayl.

   "Reiteramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que la Fiscalía necesite por nuestra parte", indicó Sánchez.