Ledo anuncia que la integración en la red autonómica de las educadoras intantiles no estabilizadas comenzará en abril

    OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha asegurado este jueves que el proceso de integración a la red autonómica de las educadoras de las escuelinas 0 a 3 años no estabilizadas está previsto que comience en abril de este año, dentro de las fases de consolidación acordadas con los ayuntamientos.

   Ledo ha explicado en la comisión parlamentaria de Educación que hasta el momento ningún ayuntamiento con personal no estabilizado ha sido incorporado a la red, ya que los 22 consistorios que se integraron en agosto de 2025 contaban con trabajadoras estabilizadas.

   La consejera ha recordado que la integración se realiza siguiendo el marco normativo que establece la conservación de derechos laborales y la creación de mesas de diálogo para definir los procesos de consolidación y empleo público.

   Ledo ha destacado que la próxima reunión de la mesa de diálogo servirá para presentar la programación concreta de los procesos selectivos específicos y excepcionales que permitirán la incorporación de las trabajadoras a la red autonómica.

   La consejera ha asegurado que los compromisos de la Administración son firmes, pero ha explicado que los plazos están condicionados por los convenios colectivos y la normativa de empleo público, por lo que la estabilización y el reconocimiento de categoría se realizarán en los tiempos previstos dentro del marco legal, con "la mayor celeridad posible". Ha resaltando que se trata de un proceso "muy complicado" y ha apuntado que "sino se habría hecho ya a lo largo de estos 20 años".

   Respecto a la integración de personal en los municipios de Avilés, Siero, Mieres, Noreña y Grado (abril 2026) y Gozón (septiembre 2026), Ledo ha señalado que se realizará mediante un proceso selectivo "excepcional y justificado", en colaboración con las organizaciones sindicales, asegurando la conservación de los derechos de los trabajadores y la estabilización de las plazas, tal como establece la disposición adicional tercera de la Ley de Redes de Escuelas Infantiles.

CRÍTICAS DE PP, VOX Y TOMÉ

   La consejera ha respondido este jueves a las preguntas planteadas por Gloria García (PP), Javier Jové (Vox) y Covadonga Tomé (Grupo Mixto). La diputada del PP Gloria García ha destacado que aún existen dudas sobre cómo se protegerán los derechos del personal que actualmente ocupa plazas con contratos antiguos o de media jornada, y ha reclamado concreción sobre cómo afectará el concurso de traslados y los procedimientos extraordinarios anunciados por la consejería.

   La diputada Covadonga Tomé ha subrayado la necesidad de acelerar el proceso y ha reclamado que se reconozca la categoría B a las trabajadoras, así como su inclusión en la carrera profesional, criticando los retrasos y las diferencias con el resto de profesionales del sector educativo.

   Tomé, al igual que la parlamentaria 'popular', ha denunciado que las trabajadoras asumen tareas no docentes, como catering, lavandería y limpieza, que restan tiempo a su labor educativa y pedagógica.

   En cuanto a las labores de las educadoras, la consejera ha indicado que actualmente se están subrogando los contratos municipales de limpieza y comedor al integrarse las escuelas municipales en la red autonómica, y que la unificación de estos servicios permitirá que las educadoras puedan centrarse en sus funciones pedagógicas. Ha recordado además que se está elaborando un reglamento de organización y funcionamiento de las escuelas infantiles donde se concretarán todas estas tareas.

   Por su parte, Javier Jové (Vox) ha cuestionado si la red constituye un modelo eficiente de gestión de recursos públicos y calificó la iniciativa como "un disparate económico", señalando que el coste medio por niño en la red puede superar los 9.000 euros anuales, y en algunos centros llegar a más de 20.000 euros, "muy por encima del coste de las guarderías privadas".

   Asimismo, el parlamentario ha denunciado que el sistema público "no responde a las necesidades de las familias" y genera problemas de funcionamiento en los contratos de catering y la integración de escuelas municipales, además de cuestionar la sostenibilidad del modelo.