El Supremo rechaza que la defensa de Cerdán participe en la vista previa del juicio de las mascarillas

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   MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

   El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para personarse en la audiencia preliminar, que se celebra este jueves, del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

   A través de una providencia, recogida por Europa Press, el tribunal se opone a la participación de la defensa de Cerdán --imputado en otra rama de la causa-- en esa vista, a la que tienen que acudir el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que son los tres acusados en el juicio, previsto para abril: "No ha lugar a la solicitud".

   El Supremo también ha comunicado un nuevo cambio en el tribunal que juzgará, ya que la magistrada Susana Polo releva a Vicente Magro, que había sustituido este miércoles a Ana Ferrer por "necesidades del servicio".

   Magro avisó, según otra providencia, de que tiene señalados en fechas próximas un recurso con varios penados en prisión y otros dos de "especial trascendencia", por lo que ha sido reemplazado por Polo, a quien le corresponde por turno.

   Así, salvo nuevos cambios, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

ÁBALOS Y KOLDO, TRAÍDOS DESDE LA CÁRCEL

   Esta audiencia preliminar se trata de una vista que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".

   Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a asistir de manera presencial, aunque solo intervengan en la vista sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.

   La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa.

   Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.

    Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el Ábalos y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.