La lista de espera del salario social se reduce un 33% gracias a la contención de la demanda

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera del salario social asturiano se redujo un 33% -de 1.327 solicitudes a 888-, al tiempo que disminuyó notablemente el número de nuevas peticiones: 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ha indicado que en 2019 hay una contención de la demanda.

En concreto, el año se cerró con 22.123 perceptores. En consecuencia, el volumen de recursos también decreció: 120,7 millones. Así, por primera vez bajan los recursos destinados a financiar esta prestación de un ejercicio a otro: casi 4 millones menos respecto a 2018.

Las perspectivas del Ejecutivo para 2020 son que esa tendencia continúe. Así, el presupuesto del Principado consigna un crédito inicial de 116.750.000 euros que permitirá atender a unas 22.000 familias.

La consejera ha explicado que una de sus prioridades pasa por agilizar la gestión de las ayudas, tanto de la Dependencia -para lo que se ha puesto en marcha un plan de choque- como del salario social.

Sobre esta prestación, ha asegurado que la reducción paulatina experimentada a lo largo del último año "debe ir acompasada con la mejora en la tramitación de la revisión de los expedientes". Para ello, a partir de mayo fortalecerá el sistema de revisión con 17 empleados públicos más y dará prioridad a aquellos relacionados con altas y bajas de contratos laborales o relacionados con la formación o el empleo.

La consejería también se ha fijado como meta favorecer la reincorporación de los beneficiarios al mercado laboral a partir de medidas vinculadas a la economía verde y del cuidado a personas

La mejora de los servicios sociales es una de las líneas básicas de trabajo para el Gobierno de Asturias. Dentro de este objetivo se incluye la ampliación, hasta 700 euros mensuales, de las ayudas a las familias que acojan a menores, analizada por el Consejo de Gobierno la pasada semana.