Llamazares (PP) alerta del impacto del decreto de regularización en los servicios municipales de Avilés

   AVILÉS, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que exige la retirada del Real Decreto 316/2026, relativo a la regularización de personas migrantes, al considerar que puede provocar el colapso de los servicios sociales municipales.

   La portavoz del PP en el Consistorio, Esther Llamazares, ha criticado la decisión del Gobierno central de impulsar esta medida por la vía del real decreto, al entender que se trata de una actuación que "elude el control democrático" y que ya había sido rechazada en el Congreso de los Diputados.

   En una nota de prensa, Llamazares sostiene que el Ejecutivo ha optado por "ignorar el mandato parlamentario" y actuar de forma unilateral, lo que a su juicio supone "un desprecio institucional con consecuencias directas en la gestión municipal".

   El Grupo Popular advierte de que la aplicación de esta regularización se está planteando sin planificación previa ni memoria económica, lo que trasladaría a los ayuntamientos la gestión y atención derivadas de la medida sin dotación adicional de recursos.

   En este sentido, el PP alerta de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Avilés, que ya operan al límite de su capacidad, podrían verse desbordados por el incremento de expedientes relacionados con informes de vulnerabilidad, necesidades habitacionales y acompañamiento social.

   Llamazares ha advertido de que esta situación tendrá un impacto directo en la atención a los vecinos, al generar "mayores tiempos de espera y una reducción de la capacidad de respuesta" de la administración local.

   La moción también incluye una referencia a la situación de la plantilla municipal, al considerar que los empleados públicos deberán asumir un aumento de la carga de trabajo sin el refuerzo de medios necesario.

   Por todo ello, Llamazares reclama al Gobierno de España la retirada del Real Decreto 316/2026 y pide que cualquier reforma en materia de extranjería se tramite mediante debate parlamentario, con garantías de control democrático y financiación suficiente para las entidades locales.